El martes 8 de junio, a media mañana, los educadores y educadoras sociales contratados por Sanitas Residencial, SL, supimos, a través de llamadas telefónicas, que dicha empresa no se presentaba a la nueva contratación para el periodo de 1 de julio de 2004 a 31 de diciembre de 2007. No quedaban más que tres días para que las empresas y entidades presentaran sus ofertas; el plazo finalizaba el viernes 11 de junio a las 14.00.
Nuestros currículos se estaban terminando de corregir y el proyecto de trabajo se había elaborado y entregado. Ningún responsable de la empresa, en ninguna reunión con los delegados de personal o encuentro individual con algún trabajador, había transmitido que no fuese a presentarse a dicho contrato o que existiesen condiciones por debajo o por encima de las cuales la participación de la empresa fuese imposible. Pero pasó.
El grupo de educadores/as sociales se movilizó y ese mismo día, 8 de junio, en reunión, decidió por unanimidad enviar en bloque los currículos a las empresas y entidades que en la actualidad realizan el servicio junto a SR: Alamedillas y la UTE Grupo 5-EMES-GQB. Tenemos que agradecer el trato dispensado por estas dos entidades, la rapidez con la que nos recibieron y atendieron, sobre todo en momentos de tanta confusión para los profesionales.
Es intolerable que empresas como Sanitas Residencial, dedicadas a gestionar indirectamente programas sociales de tanto calado, sigan actuando con total impunidad e indolencia, pasando por encima del futuro de trabajadores y trabajadoras. En definitiva, se está produciendo un maltrato, primero, laboral, y en segundo lugar contra la continuidad en los procesos socioeducativos desarrollados con los ciudadanos/as que disfrutan de nuestra intervención y atención.
Seguimos en nuestros puestos de trabajo, como educadores y educadoras sociales de las juntas municipales de Barajas, Centro, Chamberí, Chamartín, Salamanca, Retiro, Usera, Villaverde y Vicálvaro, hasta el 30 de junio de 2004, a la espera de la resolución de la contratación y con el convencimiento de que las empresas o entidades entrantes deberían tener el compromiso ético (a falta de otro jurídico, ya que no existe una cláusula de subrogación laboral) de ofrecer los puestos laborales a aquellos trabajadores y trabajadoras que cumplen los requisitos profesionales y formativos que exige el pliego.
En esta obligación ética o compromiso ético también nos parece debe quedar incluida la Concejalía de Gobierno de Empleo y Servicios al Ciudadano, de la que depende la Gerencia de Infancia y Familia que en última instancia ha elaborado los pliegos de condiciones del servicio de educación social.
Nos parece imprescindible que la Administración pública, en este caso municipal, sea cuidadosa y exigente con las empresas y entidades que van a gestionar de manera indirecta servicios públicos -en los que la calidad de trato profesional al ciudadano es básica-, y que esté muy por encima de la finalidad empresarial de hacer negocio. Aunque estamos esperanzados, ya que en la próxima contratación los educadores y educadoras tendrán mejores condiciones laborales, es cierto que, en definitiva, estamos ante un episodio más de la precariedad laboral.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de junio de 2004