Aún hay heridos en los hospitales. Aún se rinden homenajes en Atocha y otros escenarios de la masacre. La investigación sigue en marcha, bajo el secreto del sumario. Y los electores han sacado del Gobierno a regañadientes a quienes mandaban en los ocho años anteriores a la matanza. El 11-M está aún a flor de piel. En esas condiciones ha comenzado la Comisión de Investigación del 11 de marzo, que tratará de arrojar luz sobre todo lo que ocurrió entre esa jornada fatídica y el 14 de marzo. Para ello han sido solicitados centenares de documentos, 80 comparecencias con nombres y apellidos (y una decena genérica) y se han dispuesto dos meses de trabajo.
Las pesquisas parlamentarias en sí aún no han comenzado, ya que los comisionados están pendientes de recibir los documentos solicitados para empezar a esclarecer los hechos. Pero muchos de los documentos pedidos son informes clasificados del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o documentos sometidos al secreto del sumario. El Gobierno aún no ha decidido si desclasificará los papeles del CNI, pero la Audiencia Nacional ya se ha manifestado en contra de entregar documentos incluidos en el secreto del sumario.
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Hasta que los parlamentarios no reciban esa documentación, no comenzarán a comparecer los citados. De la lista de comparecientes se ha caído inicialmente José María Aznar, ex presidente del Gobierno, a pesar de que los grupos minoritarios de la comisión (PSOE y PP son mayoritarios, con cinco diputados cada uno) insisten en la necesidad de que acuda a declarar. También se han caído los ministros del Interior de Alemania y Marruecos.
Los primeros en desfilar, a partir del 6 de julio, serán los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a quienes seguirán los responsables de los medios de comunicación. Si todo sale como parece, los últimos en hablar serán quienes tuvieron que tomar las decisiones y presentar sus conclusiones a los ciudadanos: los políticos. La pretensión es ocupar todo julio con las comparecencias, ya que prolongar la comisión en el mes de agosto crearía, en principio, problemas logísticos en el Congreso de los Diputados.
No obstante, cabe la posibilidad de que se prolongue más allá de los dos meses inicialmente acordados. Pero cuando concluya la investigación parlamentaria puramente dicha, llegará el tiempo de las conclusiones. Y éstas serán adoptadas mediante votación (con voto ponderado). El documento final tendrá que pasar por el pleno del Congreso para debatirlo y aprobarlo. Pero una vez aprobado, las conclusiones tendrán que someterse a dos juicios posteriores: el del auto de procesamiento del juez Juan del Olmo y el de la sentencia final, cuando en un futuro que se aventura lejano se celebre el juicio.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de junio de 2004