El fenómeno de los piqueteros parece un problema del que nadie debe sentirse ajeno en la sociedad argentina. El discurso contemplativo del Gobierno, por ahora, no tiene fisuras. "No vamos a victimizarlos", insiste el ministro del Interior, Aníbal Fernández. "Si se comete un delito, los fiscales tienen que identificar a los responsables y actuar en consecuencia". Fuera del registro de la crónica periodística, los ejecutivos de las empresas se preguntan: "¿Pero cómo es esto? ¿Si entra un ladrón a mi casa debo llamar a un fiscal o interviene primero la policía?".
Los jefes de la Policía Federal y la temible bonaerense, con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires, sujetas a su vez a continuas investigaciones y purgas por delitos comprobados de corrupción, no se alteran ante ninguna provocación de estos grupos. Con sus motocicletas y coches patrulla, los agentes cortan el tránsito en las calles y se mantienen a distancia de las manifestaciones y protestas. Si hay peleas, miran. Si se ocupan comercios o se ataca a las empresas, no intervienen. La orden se cumple: "Mirar, callar, no reprimir".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 26 de junio de 2004