El 1 de marzo del año pasado, 51 inmigrantes irregulares fueron detenidos en Palos de la Frontera (Huelva) y trasladados a Algeciras (Cádiz). Según informó la Delegación del Gobierno en Andalucía, los juzgados de Moguer y de Algeciras acordaron que este último se encargaría de las solicitudes de internamiento que pudieran presentarse. Ese acuerdo es ilegal, según el Defensor del Pueblo, que ha remitido el caso al fiscal general del Estado y al Consejo General del Poder Judicial. En la fotografía, algunos de los inmigrantes aludidos durante su traslado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 28 de junio de 2004