Desde la ley de uniones estables de Cataluña de 1998, otras 10 comunidades autónomas han elaborado sus propias legislaciones al respecto. Estas normas han venido condicionadas por dos aspectos fundamentales: el partido que las promovía, y las competencias de cada autonomía.
Entre las comunidades históricas, sólo Galicia mantiene a las parejas de hecho sin regular, salvo en aspectos como la ley de arrendamientos urbanos o la de víctimas del terrorismo, normativas estatales que sí abarcan a las uniones estables.
Las que dan más derechos son la vasca y la navarra, que llegan hasta la adopción conjunta o del hijo de la pareja. En cambio, las leyes aprobadas por el PP (Valencia y Madrid) no explotan al máximo sus competencias. Por ejemplo, pese al anuncio de Alberto Ruiz Gallardón cuando era presidente de Madrid de que su ley iba a ser "la más progresista de España", la norma no sólo excluye la posibilidad de acogimiento conjunto [la Comunidad de Madrid no tiene competencias en adopción], sino que, como en Valencia, rehúye equiparar la convivencia de las parejas de hecho con las de la familia tradicional.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 29 de junio de 2004