Cataluña lleva casi dos siglos debatiendo su organización territorial. Ahora, el Gobierno tripartito ha anunciado una ley que consagre una nueva división en siete veguerías. Uno de los estudios técnicos que será tenido en cuenta es el realizado por Josep Roca Cladera y Montserrat Moix, del Centro de Política de Suelo y Valoraciones, de la Universidad Politécnica de Barcelona. El informe plantea que los 946 municipios catalanes se agrupen en 90 comarcas.
El estudio propone nuevas agrupaciones que mancomunarían los servicios municipales
El estudio propone que la nueva organización territorial se base en criterios funcionales, sobre todo la movilidad de los ciudadanos, pero sin olvidar los aspectos físicos y los servicios que prestan las administraciones. Por eso se propone que los 946 municipios que tiene Cataluña se agrupen en 90 comarcas. La propuesta sigue las líneas apuntadas por el geógrafo Lluís Casassas y el profesor de la Universidad Politécnica Joaquim Clusa y, en cierta medida, por el informe Roca.
El resultado del análisis es la evidencia de que "las redes de comunicación rompen las barreras naturales" y actualmente la mitad de las localidades catalanas tienen a más de la mitad de la población trabajando fuera del municipio. Este hecho causa no pocas disfunciones: impositivas, porque los ciudadanos hacen la mayor parte de su vida en una localidad donde no cotizan; representativas, porque no pueden elegir a los concejales que tomarán decisiones que afectarán a sus necesidades, y de servicios, porque algunos municipios carecen de capacidad para asumirlo con eficacia.
El problema es que la división en pueblos es demasiado extensa. Pero el espíritu local está tan arraigado que hoy apenas existen dudas de que el principal motivo para el fracaso del informe Roca era su propuesta de reducir el número de municipios. La media de población en las localidades catalanas supera en un 34,5% la media española, pero si no se tienen en cuenta las ciudades de más de 50.000 habitantes, la media de población es de 3.130 habitantes, muy por debajo de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y País Vasco. Un total de 646 municipios tienen menos de 2.000 habitantes, lo que equivale al 6,07% de la población catalana, pero ocupan el 67,6% de la superficie.
"783.671 ciudadanos de Cataluña no pueden disponer más que de los servicios mínimos de carácter local debido a que viven en municipios por debajo de los 5.000 habitantes", precisa el estudio, en el que se recuerda que 766 municipios (81%) no disponen de medios para ofrecer servicios a sus ciudadanos como parques públicos, bibliotecas, mercados o tratamiento de residuos.
Racionalización municipal
La propuesta de Roca Cladera y Moix pasa por "una racionalización del mapa municipal" que no supondría la desaparición de ninguna localidad, sino la formación de nuevas agrupaciones que mancomunarían los servicios municipales. Carecerían de representación política y no serían, propiamente, un factor de descentralización de los servicios del Gobierno catalán, que se reservaría a las veguerías. Roca Cladera y Moix lamentan que "en los últimos 20 años no se haya producido ningún intento serio de racionalizar el mapa municipal".
Las agrupaciones municipales o "sistemas urbanos o territoriales" que propone el estudio se organizarían sobre criterios físicos, de movilidad y de servicios.Un primer análisis muestra la existencia de 195 sistemas locales, que en una reelaboración posterior se reducen a 92 y, finalmente, a 90. Ninguno de ellos tendría menos de 2.000 habitantes; 9 no llegarían a 5.000; 14 se situarían entre 5.000 y 10.000; otros 22 estarían entre 10.000 y 20.000. Siete sistemas tendrían más de 50.000 habitantes, pero menos de 100.000 y otros 16 superarían los 100.000 residentes.
Los autores reconocen otras posibilidades que reducirían los "sistemas locales" hasta 72, todas ellas con cinco o más municipios y más de 5.000 habitantes, salvo la Alta Ribagorça. Y aún cabría una tercera organización situando el límite mínimo en 10.000 habitantes, lo cual daría 65 comarcas.
Las veguerías serían siete, aunque el análisis de los movimientos y relaciones ofrece un mosaico de 12 piezas, todas con más de 100.000 habitantes, a excepción de las pirenaicas y la comarca de Igualada, una de las piezas que más bailan en los trabajos de la comisión gubernamental.
El trabajo del Roca Cladera y Moix es conocido por los miembros de la ponencia y su espíritu y conclusiones resultan del agrado de la mayoría. No obstante, el Gobierno tripartito hace una objeción radical al método: es un esquema territorial que, aunque existe en la realidad, podría ser interpretado como una imposición desde arriba. La propuesta del Ejecutivo es que los propios entes locales promuevan la agrupación, que no puede ser muy diferente de la sugerida por los dos autores, pero no puede ser impuesta. La idea que considera el Gobierno es promover las agrupaciones voluntarias entre municipios, posiblemente incentivándolas, como se ha hecho en Francia en los últimos tres años.
La objeción del Ejecutivo no preocupa en demasía a los autores, que nunca habían previsto una imposición. Su tesis es que debe abrirse un proceso temporal partiendo de las demandas que se produzcan en el propio territorio. Y recuerdan que en estos momentos ya hay una decena de iniciativas para constituir nuevas comarcas como el Moianès o el Lluçanès.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de julio de 2004