Uno de los documentos remitidos por el Gobierno a la comisión parlamentaria de investigación de los atentados en los trenes de cercanías de Madrid del 11 de marzo, relativos a las reuniones de los ministros del Interior de cinco grandes países europeos trató menos de un mes antes de la masacre la complicada solución a la pretensión de EE UU de que los aviones con origen o destino en su territorio llevasen a un agente armado.
España estuvo de acuerdo con la posición francesa en que la presencia de dicha escolta armada debía ser aleatoria. El entonces ministro español Ángel Acebes, al que no se cita por su nombre, añadió que la necesidad de esos escoltas debía ser analizada caso por caso conjuntamente con EE UU y que la decisión de las medidas operativas concretas debería ser acordada por el Estado concernido de la Unión Europea.
Y deslizó una alusión levemente patriótica que la realidad habría de desmentir trágica y drásticamente unas semanas después. "Por último, [el ministro español] recordó la amplia experiencia española en materia de seguridad en todo tipo de medios de transporte", reza una "nota informativa" con membrete de la Asesoría Internacional del Gabinete del Ministro.
La discusión sobre la presencia de agentes armados en los aviones a EE UU se remitió a la siguiente reunión del Grupo de Jerez (celebrada el 16 abril, sin que conste representación española), a la espera de conocer los resultados de un encuentro de las unidades especializadas de escolta armada en vuelos de los países que integran dicho grupo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de julio de 2004