En relación con el artículo publicado el pasado domingo en el suplemento Negocios de EL PAÍS, firmado por Arturo Rojas y María Jesús Lago, Iberdrola quiere puntualizar lo siguiente:
1. El único criterio válido para conseguir una reducción significativa de emisiones de CO2 y cumplir así con la directiva comunitaria es realizar un reparto de derechos de emisión por instalaciones según las producciones previstas, y no históricas, como defienden los citados articulistas.
2. Dicho reparto comportaría el reconocimiento del cambio estructural que se está produciendo en el parque de generación español, con la puesta en marcha de centrales de ciclo combinado de gas que sumarán 14.800 MW en el año 2011 y cuyas emisiones son un 60% inferiores a las de las térmicas de carbón.
3. Los mencionados articulistas aseguran que los criterios adoptados por los países de nuestro entorno apoyan sus tesis, cuando la realidad es bien distinta. En concreto, el PNA portugués, recientemente modificado, señala que, "en el caso del sector eléctrico, la asignación será realizada en base a proyecciones".
4. Ninguna compañía ha defendido el cierre de las centrales de carbón, sino la reducción de sus horas de funcionamiento y su permanencia en el parque de generación como garantía de suministro, para atender a las puntas de demanda.
5. Por último, y dado que el Protocolo de Kioto se firmó en 1997 y fue ratificado por la UE en 2002, ninguna compañía puede argumentar que no conocía sus exigencias a la hora de elaborar sus actuales planes estratégicos y decidir invertir en otros sectores como las telecomunicaciones u otros países.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de julio de 2004