Leo con estupor las declaraciones del señor consejero de Educación afirmando que las plazas de la enseñanza pública son notoriamente más caras que las de los centros concertados, y me cuesta admitir que se trate de un cargo público supuestamente designado para defender, precisamente, la enseñanza pública. Si no fuese por la seriedad del tema, diría que lo suyo parece un quintacolumnismo al servicio de la enseñanza concertada (mayoritariamente religiosa), una especie de topo encargado de desacreditar las instituciones a cuyo frente se halla.
Sorprende el afán del Gobierno de la Comunidad por acabar con los restos del Estado del bienestar. Y sorprende sobremanera que no sean coherentes con su voracidad privatizadora y aboguen por la supresión de los desvíos presupuestarios hacia la Iglesia Católica.
El consejero Peral se lamenta de lo caro que sale un profesor de la escuela pública, pero silencia por cuánto nos sale a los contribuyentes un obispo. Es una lástima que los defensores de la enseñanza pública no tengamos el privilegio de la excomunión. De ese modo, sospecho que nuestra capacidad de presión sobre este consejero sería notoriamente más efectiva.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 19 de julio de 2004