El pasado día 7 de julio tuvimos la primera reunión de padres en la guardería del Ayuntamiento de Barcelona donde mi hijo ha obtenido plaza. Al inicio de la reunión, una madre pidió que cambiaran al idioma castellano, ya que no entendía el catalán. Para mi desagradable sorpresa, la directora le contestó ¡en catalán! que más tarde le repetiría la información dada. Obviamente, esta frase se la tuvo que repetir a medias en castellano porque la joven, que era americana recién llegada, no la entendió. La sensación que dio es que eran directrices que ella no podía discutir, pero tampoco lo aclaró. El resto de padres participantes no dijimos nada; ya se sabe que en grupo la gente nos acostumbramos a comportar como "borregos" sin criterio propio.
Pienso que esta anécdota es suficientemente reveladora del funcionamiento de las instituciones catalanas, especialmente en educación, pero quiero recordar que la Constitución actualmente vigente marca como oficiales las dos lenguas y resulta inadmisible que se le niegue a una madre el derecho a entender y participar de lo que se dice en una pequeña reunión donde se tratan temas relacionados con la educación de su hijo (quiero añadir que la información que después se dio por escrito del material, etc., también estaba exclusivamente en catalán).
Quiero remarcar que éste no es un tema de política lingüística, sino de derechos básicos recogidos en la Constitución y que, al menos de momento, las instituciones públicas han de velar para que se cumplan.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 19 de julio de 2004