Por usar una terminología muy actual en las teleseries, les diré que soy un varón de 48 años, que presenta una hemiplejía como secuela de un derrame cerebral acaecido en diciembre pasado. El 23 de marzo presenté ante el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales una solicitud para que un tribunal médico reconociera mi grado de minusvalía y emitiera el oportuno certificado. Pues bien, según me informaron los funcionarios este trámite se demora entre siete y ocho meses. No sería importante, pero es que este certificado es necesario para poder acreditar tener derecho a un sinfín de exenciones fiscales y sociales. Por enumerar unas cuantas: impuesto de matriculación (7% sobre el precio franco de fábrica de un vehículo adaptado para minusvalía necesario para acudir al centro de rehalitación), que he tenido que pagar; tarjeta de aparcamiento individual, que todavía no tengo; impuesto de circulación municipal, que he tenido que pagar; reserva de matrícula en universidades públicas, etcétera.
¡Qué contento estoy!, oficialmente no soy minusválido, pero por favor, que alguien se lo diga a mi brazo y pierna izquierdos, así como a mis cuerdas vocales, que ninguno de ellos está por la labor. Otro día hablaremos de los indeseables que aparcan en los lugares reservados a minusválidos en la vía pública y aparcamientos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 22 de julio de 2004