Vecinos y ecologistas de la Plataforma Salvem el Desert volvieron a paralizar ayer las obras de la carretera Cabanes-Oropesa para informar a la empresa adjudicataria de que la construcción del vial puede implicar un delito ecológico. Los vecinos explicaron las diligencias que tramita un juzgado de Castellón que ha llamado a declarar, como imputados, a tres responsables de la Consejería de Infraestructuras. Una treintena de personas pararon las máquinas y entregaron al jefe de las obras y a un representante de la empresa la documentación sobre las actuaciones judiciales y un escrito sobre su posible implicación en el caso. Según un portavoz de la plataforma, Julio Fernández, la adjudicataria se ha comprometido a continuar las obras sin afectar a la zona de conflicto hasta que haya una resolución judicial.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de julio de 2004