En marzo de 2002, Zapatero prometió que cambiaría la Ley de Calidad de la Educación si ganaba las elecciones. Y en marzo de 2004 las ganó. Pero para entonces, algunas medidas de la polémica ley estaban ya en vigor. Por eso, los cien días de gestión educativa en el Gobierno socialista conjugan la herencia del PP con un horizonte indeterminado de cambios en la Ley de Calidad.
Impedir que los aspectos más polémicos de la norma educativa del Gobierno popular entraran en la escuela era para los socialistas tan urgente como avanzar en sus propias iniciativas. El séptimo Consejo de Ministros paralizó la ley, 42 días después de la toma de posesión y en medio ya de la borrasca política.
Mientras las comunidades gobernadas por los populares anunciaban recursos en los tribunales por el parón del calendario educativo previsto, los socialistas informaban a los padres de que el curso que viene será una fotocopia del que ahora se toma sus vacaciones.
En vigor sigue, y seguirá, la repetición de curso en secundaria cuando se suspendan más de dos asignaturas y las recuperaciones de junio o septiembre, por ejemplo.
Los socialistas han decidido continuar la política que empezó el PP para generalizar la gratuidad de la educación de los tres a los seis años. Las autonomías podrán garantizar este servicio en la escuela concertada, una antigua petición de la Iglesia para la que ahora tendrán financiación.
Pero el parón del calendario de la ley impedirá que el próximo curso los alumnos estudien obligatoriamente hecho religioso o religión; tampoco tendrán que elegir itinerarios educativos a los 14 años atendiendo a su rendimiento escolar. Y otros aspectos controvertidos, como la reválida preuniversitaria, se alejan del devenir académico para entrar en la agenda de los debates pendientes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 25 de julio de 2004