Aparte de tener a un familiar muy próximo sometido al duro proceso de opositar a la enseñanza media, he entrado en el foro de aspirantes y creo sinceramente que los sindicatos deberían intervenir. Hace años que no se detectan tantas irregularidades y errores. A pesar de que la Comunidad de Madrid publicó una resolución en la que se decía que los resultados se expondrían el lunes 26 de julio, estaban ya publicados el domingo en Internet.
El mismo lunes desaparecieron de este medio las listas porque había especialidades con errores. Esto me lleva a pensar que quizá haya más errores. ¿Habrá que sospechar de tanto error o es sencillamente incompetencia de la Comunidad de Madrid? Mi familiar fue tibiamente felicitado por el tribunal en el último examen y sin embargo deducimos que ha suspendido porque se le aplica la nota de años anteriores. Es indignante que los opositores no puedan conocer de manera inmediata su nota. De esta forma no pueden valorar su esfuerzo o capacidad. Esto hace aparecer el proceso de selección con una total falta de transparencia.
En la lista de interinos de psicopedagogía parece que hay opositores que sin haber aprobado ningún año tienen el punto adicional que se da por aprobar los dos exámenes, los baremos están mal en muchos casos, los recursos de alzada tardan meses en resolverse, los criterios de evaluación (que tanto nos exigen a los profesores) no estaban claros en estas oposiciones en las que, además, los cambios se han hecho al final y precipitadamente. Todo esto sin tocar el tema de la formación de los tribunales. Durante dos convocatorias han salido las mismas letras. Muchos de estos tribunales han hecho encaje de bolillos para librarse y los que no han tenido más remedio han ido de bastante mala gana.
Estadísticamente, hay letras con muchas menos posibilidades de salir que otras. En fin, un cúmulo de circunstancias que devalúan un sistema que debería ser justo y que deprime a muchas personas que han pasado meses de esfuerzo dedicados al estudio de una oposición tan peregrina y con tan pocas garantías de equidad. La igualdad, capacidad y mérito se ponen en entredicho de manera sangrante. Los sindicatos tienen la obligación de actuar para que dejemos de tener la sensación de estar desvalidos frente a una Administración que se muestra cada vez más prepotente. Los ciudadanos merecen tener un acceso justo y transparente a la función pública. Si falla esto se devalúa peligrosamente el Estado de derecho y entramos en el terreno de la arbitrariedad y la anarquía.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de julio de 2004