El pleno de la Diputación de Alicante aprobó ayer con los votos a favor del PP y en contra del PSPV la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto de derogación del trasvase del Ebro al considerar que el Gobierno central "no ha tenido en cuenta los intereses de la provincia y se han vulnerado los derechos de las Administraciones locales", recoge el documento.
El presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, dijo que con esta iniciativa pretenden "defender los derechos de la provincia, y por tanto las prerrogativas que tiene una institución provincial" porque "debe ser comunicada cualquier actuación que repercuta en los intereses de la provincia".
Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Amorós, mostró su sorpresa ante la introducción de la citada moción en el orden del día al considerarlo "un tema muy debatido en todos los foros". Por ello, acusó a los populares de "intentar crear contradicciones y sobre todo intentar mantener esa tensión con la sociedad, como si el PSOE no quisiera el agua".
Amorós manifestó que los socialistas son "comprensivos" con los populares porque "pierden el trasero por presentar iniciativas cuestionando de manera sistemática la acción del Gobierno". El portavoz del PSPV denunció que la Diputación "se inhibió en la tramitación del PHN estando obligada a actuar y se mostró inoperante cuando el tiempo pasaba y el trasvase no se realizaba".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de julio de 2004