Una auditoría ha descubierto 1.036 viviendas sin adjudicar, de las que 785 están vacías y listas para ser ocupadas. La Generalitat, que avanzó que las entregará en septiembre, criticó la herencia dejada por CiU y su política contractual por poco transparente.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 31 de julio de 2004