Ayer, en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), antes de introducirse en la panza de un gran avión anfibio amarillo y rojo dedicado a la extinción de incendios, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció que en octubre estudiará propuestas concretas, junto a las comunidades autónomas, y se abordará la reforma de la Ley de Montes para evitar que la superficie arrasada por el fuego se destine a usos urbanísticos y agrícolas.
El de Minas de Riotinto (Huelva) ha sido el segundo mayor incendio en 29 años
"Yo espero tener antes de fin de año un anteproyecto de ley", anunció la ministra de Medio Ambiente. E indicó que su deseo es que esa reforma establezca un mínimo de 30 años para que las superficies forestales quemadas puedan ser utilizadas para otros usos.
En una mañana en la que la ministra anunció "un pequeño respiro, porque hoy [por ayer] no hay ningún incendio", recordó que el PSOE ya había intentado establecer unas limitaciones a nivel nacional para el uso de la superficie calcinada, "pero el PP optó por dejarlo en manos de las comunidades autónomas". El resultado, según Narbona, es que la mayoría no ha establecido ninguna limitación. Por lo que considera que se está aprovechando esta situación para cambiar el uso forestal de grandes superficies de terreno a uso urbanístico o agrícola. A modo de ejemplo, la ministra recordó que la mitad del espacio forestal que fue pasto de las llamas en Galicia en el periodo 2001-2002, equivale al incremento de suelo destinado a la agricultura durante ese periodo.
Narbona destacó que también es necesario reformar "todo lo referente" a la detención y condena de los pirómanos. "Y esa necesidad", aseveró, "se refleja en un indicativo dramático: que sólo ha habido en España una sentencia en firme por delito de quema de montes".
También traía la ministra en la cartera los últimos datos de incendios forestales. Y no eran muy esperanzadores. Desde el 1 de enero hasta el 1 de agosto el fuego devastó 86.182 hectáreas de superficie forestal, casi un 70% más que en el mismo periodo de 2003, cuando 50.718 hectáreas sufrieron los efectos de los incendios en toda España. Si bien este aumento es preocupante, más inquietante es que la superficie arbolada afectada por el fuego haya pasado de 15.030 hectáreas a 39.101.
Siempre atendiendo a ese periodo, los peores años serían 1994, con 314.215 hectáreas quemadas; 1995, con 89.514 y 1997, con 88.903. Éste sería el cuarto peor año, pero podría subir algún puesto en la clasificación, ya que en los datos del Ministerio aún no se ha contabilizado la cifra de Castilla-La Mancha. Asimismo, las estadísticas sobre incendios arrojan otro dato: el fuego que se inició en Minas de Riotinto a finales de julio, y que arrasó en 63 horas 26.500 hectáreas de Huelva y Sevilla, es el mayor incendio de los últimos 29 años, sólo superado por uno que se produjo en Valencia en 1979, que se llevó por delante 28.310 hectáreas. Una perspectiva de mal año, para el que el departamento que dirige Narbona ha destinado 58,82 millones de euros, un 14% más que en la campaña anterior. La mayor parte de ese presupuesto (32,49 millones) se destina a medios aéreos y a reforzar los planes de prevención de las comunidades autónomas.
Este verano, Medio Ambiente ha puesto a disposición de los Gobiernos autónomos -las competencias sobre prevención y extinción están trasferidas- 53 aeronaves con distinta capacidad de carga y 10 brigadas especiales, que actúan en 34 bases.
Y ayer, la ministra quiso visitar en Torrejón de Ardoz (Madrid) alguno de los aparatos que se utilizan para luchar contra el fuego. Entró en uno de los grandes aviones anfibios y habló con los pilotos. Es justo en esa base aérea donde tienen su cuartel general estos colosos (19) que pueden almacenar en su interior hasta 5.500 litros de agua, y cargar sus tanques en 12 segundos, lo que les permite 9 descargas por hora. La razón de este emplazamiento es porque existe un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y el de Defensa para que sea el Ejército quien pilote estos aparatos.
"Ya nos gustaría que el Ejército operara toda la flota", confesaba entre resignada y preocupada Narbona. Su lamento venía a mostrar su disgusto por un hecho que dio a conocer la Cadena SER: las dos compañías aéreas que se reparten la totalidad de los contratos públicos de extinción, Helisureste y Helicsa, fueron sancionadas más de 20 veces por la inspección de Trabajo y Aviación Civil. Narbona, al hilo de estas informaciones, anunció que en próximas adjudicaciones de contratos "se dará prioridad a las empresas con el historial más limpio".
El viernes, en la Cadena SER, la ministra se mostró partidaria de potenciar la prevención y arremetió contra el PP: "Es sorprendente que ahora se den cuenta que Medio Ambiente tiene algo que ver con los incendios; hace un año, la entonces ministra eludió cualquier responsabilidad diciendo que era una cuestión sólo de las comunidades".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 8 de agosto de 2004