Encadenados de pies y manos, los detenidos comparecen ante los miembros del tribunal de revisión situado en una caseta de material prefabricado de unos tres por seis metros. Les acompaña un representante militar y un intérprete, aunque ellos son sus propios abogados defensores. Pero si al presentar los argumentos se salen de tono pueden ser expulsados de la sala.
Todo se graba, con excepción de las deliberaciones y los momentos en que el tribunal debate pruebas "clasificadas" que afectan la seguridad nacional. Cuando esto último ocurre, los reclusos tienen que salir al igual que los miembros de la prensa, a la que por primera vez se le ha permitido observar un procedimiento interno del penal. Es, sin embargo, un acceso limitado a un pool de dos o tres periodistas de medios internacionales, que los militares justifican por la falta de espacio. Ese pool pasa a los demás la información "autorizada". Una de las prohibiciones es la de revelar la identidad de los detenidos, supuestamente para garantizarles un derecho reconocido por la Convención de Ginebra (que el Gobierno de EE UU invoca según su conveniencia, porque los presos están precisamente en un limbo jurídico por haber sido excluidos del amparo de esa Convención).
Las primeras comparecencias esta semana han sido tan diversas como la población reclusa, oriunda de 40 países, con 17 lenguas y 19 dialectos. Un argelino de 24 años imploraba su liberación a la vez que admitía al tribunal que a sus guardianes de celda les dice que "si le sueltan volvería a matar americanos". También reconoció haberse entrenado en los campos de Al Qaeda de Afganistán.
Testigos denegados
Otro hombre de barba gris que afirma ser afgano y tener 49 años testificó que los talibanes le obligaron a combatir. "Me dedicaba a la venta de madera, pero vinieron a mi casa en Kunduz y me llevaron". El reo pidió que le dejaran llamar a testigos, pero se lo denegaron porque lo que pretendía probar "no era relevante", según el tribunal, que además adujo que sería una pesadilla logística el contactar a los testigos. Lo que él quería era demostrar que los talibanes le forzaron y que luego la Alianza del Norte le entregó injustamente a EE UU.
Tanto éste como el siguiente testigo ante el mismo panel, un afgano de 31 años que detuvieron disparando un rifle Kaláshnikov, relataron una historia idéntica: que la Alianza del Norte les encerró en contenedores, en Shiberghan, en los que murieron varios; los que sobrevivieron fueron entregados al Ejército de EE UU. Si el tribunal les cree, serían liberados o devueltos al Gobierno de Afganistán. Los detenidos sabrán su suerte en unas semanas.
Los grupos que abogan por sus derechos han calificado el proceso de revisión como una "farsa" basada en la presunción de culpabilidad que ni siquiera garantiza la presentación de pruebas exculpatorias.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 8 de agosto de 2004