El debate sobre las "buenas prácticas fiscales" en materia de déficit público se encuentra en una fase decisiva, tanto en el ámbito de la Unión Europea como dentro de España. Existen multitud de nexos económicos y políticos entre ambos escenarios, ya que nuestra Ley de Estabilidad Presupuestaria nace como consecuencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento acordado en el Consejo Europeo de Amsterdam en julio de 1997. Vamos a considerar aquí algunas de estas semejanzas, y también las diferencias, con el objeto de poder enmarcar algunas aportaciones recientes a este debate.
En ambos escenarios el tratamiento del déficit público se reduce a la mera introducción de un límite, que es el 3% del producto interior bruto en el seno de la Unión Europea, y el famoso déficit cero en nuestro país. Este tipo de norma goza de entrada de la ventaja de la sencillez, pero reabre el viejo debate del comportamiento idóneo de las finanzas públicas, que parecía superado.
"No es que el superávit fiscal genere crecimiento, como parecen predicar ahora ciertos apóstoles del rigor fiscal, sino que la relación es la inversa"
En los viejos manuales de economía se habla de tres planteamientos diferentes de la política fiscal respecto al ciclo económico: el keynesianismo activo propugna el uso de medidas discrecionales que aumenten el gasto (o reduzcan impuestos, en su versión conservadora) en épocas de recesión para estimular el lado de la demanda de la economía; la incapacidad de los Gobiernos para articular medidas simétricas en los periodos expansivos desacreditó este planteamiento.
En el otro extremo, la vieja ortodoxia aconsejaba equilibrar en todo momento gastos con ingresos, "como haría un buen padre de familia"; este planteamiento tiene el inconveniente de que en las épocas difíciles, cuando se reducen los ingresos del Estado, la reducción de sus gastos no haría sino deprimir más a la economía, conduciéndola a un círculo vicioso contractivo. Entre ambos planteamientos fue ganando crédito la política basada en el uso de los estabilizadores automáticos, que descansan en la relación natural de una buena parte de los ingresos del Estado y de la Seguridad Social, y en menor medida de sus gastos (por ejemplo, en prestaciones de desempleo) con el ciclo económico, que conduce a que en épocas de bonanza se alcance un mayor superávit que en épocas de menor crecimiento, sin que medie decisión política alguna.
No es que el superávit fiscal genere crecimiento, como parecen predicar ahora ciertos apóstoles del rigor fiscal, sino que la relación es la inversa. En el caso español es el fuerte crecimiento económico (ligado básicamente al enorme descenso de tipos de interés ocasionado por la moneda única) el que ha facilitado el saneamiento de las finanzas públicas, y no al revés. Las medidas de ajuste fiscal aplicadas por los últimos Gobiernos socialistas y los primeros conservadores fueron cruciales para que los mercados y las autoridades europeas apoyasen nuestra entrada en la zona euro, pero después, más que política contractiva, lo que ha existido ha sido un esfuerzo por reducir el tamaño del sector público, recortando ciertos impuestos y, junto a ellos, la calidad y cantidad de los servicios y las inversiones públicas.
Pero volvamos a los aspectos prácticos de este debate: el punto central ahora en España y en Europa consiste en la elaboración de algún tipo de regla más flexible que los límites absolutos existentes, que condicione el déficit máximo (presupuestado y/o real) a los niveles de crecimiento y de endeudamiento. Éste es el cascabel que hay que ponerle al gato del déficit público. En Europa parece que se tiende a aceptar que los países menos endeudados deberían gozar de un mayor margen, y que también es necesario controlar los esfuerzos en época de crecimiento, aunque el déficit esté lejos del límite, porque es entonces cuando es más fácil realizar los cambios necesarios. En España se está trabajando en la línea de establecer un límite conjunto al déficit de todas las comunidades autónomas, y establecer posteriormente criterios de reparto entre aquéllas interesadas en utilizarlo, con el objetivo de evitar la contabilidad creativa, los "peajes en la sombra" y todo tipo de artimañas financieras con la finalidad de saltarse la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. El nivel de descentralización del gasto público en España lo hace insoslayable.
Quizás, en el espíritu que parece presidir la reforma, el criterio para permitir un cierto nivel de déficit tendrá que ver con el nivel de endeudamiento previo, de forma que cuando una comunidad se endeuda asume no sólo un compromiso de pago, sino también que ello limita el margen de maniobra futuro; se trata de que el margen de maniobra aumente sin que de ello se derive un "almuerzo gratis": si una comunidad quiere endeudarse en proyectos faraónicos, debe ser capaz de responder ante sus ciudadanos, lo que a su vez implica que este tipo de decisiones deben gozar de la suficiente publicidad. Mayor transparencia en la toma de decisiones provocará sin duda un aumento de la responsabilidad de los dirigentes políticos y una mayor eficiencia en el empleo del gasto público.
Sin embargo, el Partido Popular ha pasado de aparentar que abandera en España la lucha por el déficit cero, cuando realmente tanto la Comunidad Valenciana, con un endeudamiento respecto a su producto interior bruto que supera el 10%, como Baleares, que es la comunidad autónoma que más ha visto crecer su endeudamiento a lo largo de 2003, con cerca del 30%, están gobernadas por este partido. Como decía, ha pasado directamente a votar en dos ocasiones (en el Congreso y en el Senado), en contra de la estabilidad presupuestaria. Los diputados y senadores del Partido Popular han pretendido erosionar al Gobierno de Rodríguez Zapatero, en vez de buscar posiciones de diálogo y aunar esfuerzos en la búsqueda de criterios que permitan construir una estabilidad presupuestaria más racional desde el punto de vista económico, más eficaz y más rigurosa.
Pedro Saura García es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Presupuestos y diputado por Murcia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 8 de agosto de 2004