La Ley de Reconocimiento de Género que aprobó el Parlamento británico el 8 de junio permitirá que los transexuales cambien sus datos del registro (nombre y sexo) sin necesidad de someterse a la cirugía de reasignación de sexo. La norma entrará en vigor en cuanto los registros se adapten, según la vicepresidenta de la organización Press for Change, Clair McNab. Tendrán que demostrar que viven con la identidad que hagan constar oficialmente.
La ley británica utilizará el género social (la identidad cotidiana con la que viven los transexuales) para cambiar los datos en el registro. Bastará con eso, pero los solicitantes tendrán que aportar pruebas (cartas, documentos) que demuestren que llevan un mínimo de dos años viviendo con la identidad elegida, informa la web de la organización (www.pfc.org.uk).
"La ley británica es la más avanzada de Europa, y un modelo de la que queremos los transexuales en España", ha dicho Carla Antonelli, del área de Política GLTB (gay, lésbica, transexual y bisexual) del PSOE. Antonelli pide al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que cumpla la promesa que hizo en junio: elaborar una ley de Identidad Sexual que acabe con el bloqueo del PP a la medida.
Actualmente modificar el nombre en el Registro Civil exige que el solicitante se haya sometido a una operación de cambio de sexo, un proceso largo, caro y peligroso, explica Antonelli. Además, aunque algunos transexuales llevan años viviendo con su auténtica identidad, algunos no pueden operarse por cuestiones de salud o porque no pueden sufragar la intervención quirúrgica, señaló la presidenta de Transexualia, Juana Ramos.
La ley británica no ofrece financiación pública de las operaciones. En España, donde viven entre 4.000 y 8.000 transexuales, sólo Andalucía y Extremadura corren con estos gastos, que incluyen apoyo psicológico, hormonación y cirugía.
Representantes de la Federación estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales se reunieron en junio con el subsecretario general de Sanidad, Fernando Lamata, quien se comprometió a hacer un estudio sobre el coste que supondría financiar estas operaciones. Pero la ministra de Sanidad, Elena Salgado, ha aclarado que serán las comunidades las que decidan sobre eso. Los presupuestos de 2004 "ya están aprobados" y los de 2005 "están extraordinariamente comprometidos por actuaciones del Gobierno anterior", añadió.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 23 de agosto de 2004