El Gobierno ha diseñado un plan de emergencia, que implica a los ministerios de Interior, Fomento, Administraciones Públicas y Economía, bajo la coordinación de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, para evitar que el paro de las grúas lleve el caos a las carreteras españolas en la inminente Operación Retorno. El paro se extendió ayer a Navarra, Galicia y Extremadura, por lo que ya son 11 las comunidades autónomas afectadas, además de cuatro de las ocho provincias andaluzas.
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Si la crisis se agrava, el Gobierno recurrirá a las grúas municipales, de bomberos y diputaciones para apartar los vehículos que obstaculicen la circulación, y ya ha dado instrucciones a los 8.000 guardias civiles de la Agrupación de Tráfico de que señalicen los puntos que puedan suponer un riesgo para los conductores.
En principio, la actuación pública se limitará a sacar de la calzada los coches averiados o siniestrados, algo que las empresas de asistencia en carretera se han comprometido a hacer y a lo que las autoridades pueden obligarles con la ley en la mano.
Los automovilistas deberán resolver, sin embargo, por sus propios medios el traslado del vehículo a un taller. Cuando no lo consigan, las asociaciones de consumidores recomiendan avisar a la Guardia Civil o la Policía Local.
Tras la ruptura de negociaciones entre las aseguradoras y las empresas de asistencia en carretera, el paro -que se inició hace un mes en el País Vasco- se ha extendido a la mayor parte de España. Las comunidades afectadas son Asturias, Aragón, Galicia, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Euskadi, Madrid, Navarra y La Rioja, además de las provincias andaluzas de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jaén.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de agosto de 2004