La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), propuesta por el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, es una de las más útiles y sensatas iniciativas que ha podido adoptar la Comisión. Pone fin a ese bloqueo que se inició tras la suspensión del procedimiento sancionador previsto en dicho pacto tras su violación, entre otros países, por Francia y Alemania.
Asumiendo la necesidad, incuestionable, de disponer de un marco de disciplina fiscal en el seno de la UE, ha tratado de aprovechar la experiencia de estos cinco primeros años de unificación monetaria para hacer compatible esas reglas con un más amplio y racional sistema de gobernación económica y con la más perentoria necesidad de crecimiento. Las limitaciones en la proporción que puede alcanzar el déficit público sobre el PIB, en el 3%, o la correspondiente al montante de deuda pública, del 60%, siguen siendo las piezas esenciales. La novedad radica en la mayor flexibilidad en su aplicación, admitiéndose la conveniencia de su particularización en función de las condiciones, fundamentalmente cíclicas, por las que atraviesa cada economía. Esta particularización tendrá en cuenta, en mucha mayor medida que hasta ahora, la evolución del stock de deuda, que es la referencia más relevante para la estabilidad de los mercados financieros. La viabilidad de los sistemas públicos de pensiones será otra de las referencias importantes.
Mayor flexibilidad puede suponer mayor complejidad para su seguimiento y mayores riesgos de incumplimiento. Por eso, la Comisión debe ejercer una vigilancia más firme y amplia, menos automática que hasta ahora. También es razonable que se refuercen otros instrumentos de coordinación económica, particularmente las Orientaciones Generales de Política Económica, que la UE dirige periódicamente a sus Estados miembros con el fin de impulsar el cumplimiento de la Agenda de Lisboa.
Ahora queda un proceso de aprobación que no será precisamente rápido. Confiemos en que permita debatir sobre la estrategia de crecimiento de Europa. Y también para que en España se haga lo propio con la relación entre la necesidad de una rápida transición a una economía moderna y competitiva y el sistema de restricciones presupuestarias vigente, particularmente las que han limitado el crecimiento de la inversión pública en capital tecnológico y humano, fundamentos de cualquier patrón de crecimiento menos vulnerable e inflacionista que el actual.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 6 de septiembre de 2004