Son mujeres jóvenes, fundamentalmente de África y Latinoamérica, en situación irregular y que ejercen la prostitución para poder enviar dinero a sus familias. Es el perfil de la meretriz inmigrante en la provincia de Cádiz, según un estudio elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que reclama romper estereotipos y favorecer una regulación laboral para dotar a estas trabajadoras de derechos básicos.
El estudio, que se inició el pasado año, analiza de forma personal y cercana los casos de 27 mujeres inmigrantes. Según explica Inmaculada Gala, miembro de Derechos Humanos, la iniciativa no pretende "asociar inmigración con prostitución" sino acercar a la sociedad "una realidad desconocida, de mujeres invisibles, cuya imagen cae en el tabú y el estereotipo".
Las primeras conclusiones han ido encaminadas a elaborar un perfil de la prostituta que ejerce en la provincia gaditana. "Tiene entre 20 y 35 años y busca una independencia económica, pero les cuesta encontrarla", explica Gala. La mayoría, aunque viene a España sola, soporta una enorme carga familiar. "Buscan recursos económicos para establecerse en nuestro país y poder enviar dinero a sus hijos o demás parientes", añade. Uno de sus principales problemas es el obstáculo que supone para ellas la ley de extranjería: "Chocan directamente contra el papeleo y no pueden legalizar su situación".
Derechos Humanos defiende la regulación laboral de la prostitución, aunque aboga por que este proceso se realice en beneficio de las trabajadoras y no de los dueños de clubes de alterne. El estudio se amplía con talleres y programas formativos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 7 de septiembre de 2004