La discusión final sobre el plan Ibarretxe tendrá lugar entre octubre y diciembre, con una peculiaridad inédita: el debate se va a dar entre los tres grupos que forman el Gobierno vasco (PNV, EA e IU) que han presentado enmiendas parciales a su proyecto. Aunque Batasuna también ha presentado enmiendas, el lehendakari ha vetado la negociación con este grupo. El tripartito tramitará las enmiedas después del 24 de septiembre, fecha previsible del debate anual de política general. El proyecto necesita 38 votos y el Gobierno autonómico sólo tiene 36. Si no logra dos apoyos, no podrá seguir su tramitación en las Cortes.
El plan Ibarretxe afronta este otoño su recta final con el debate de sus enmiendas parciales y la votación en un pleno del Parlamento vasco que previsiblemente se celebrará a últimos de diciembre. El proyecto lleva en la Cámara autonómica casi un año, desde el 25 de octubre de 2003, con una tramitación que se mueve a paso lento, acompasada a los intereses del Gobierno tripartito y sin que haya avanzado nada desde la votación de las enmiendas de totalidad en comisión. Se produjo el 22 de marzo pasado y fueron rechazadas todas, gracias al cambio impuesto por el presidente en el modo habitual de votación. Desde entonces, hace casi medio año, el proyecto no se ha movido.
El mismo 22 de marzo se constituyó la ponencia que debía estudiar las enmiendas parciales, pero ese trabajo no ha empezado todavía, ya que los grupos del Gobierno impusieron una serie de comparecencias informativas de personalidades ajenas a la Cámara.
Este desfile de notables, repetición reducida del que se produjo hace dos años sobre la revisión del Estatuto de Gernika en la Comisión Especial de Autogobierno, ha dilatado el proceso, pese a las protestas de la oposición.
Socialistas y populares, y también el grupo de la ilegalizada Batasuna, han considerado estéril este trámite y han visto en él sólo un modo de retrasar un desenlace que el lehendakari siempre ha querido acercar lo más posible a las siguientes elecciones. Y ello pese a que, cualquiera que sea, el resultado no le será halagüeño: si el proyecto es rechazado, porque será su fracaso, y quedará abortada su remisión a las Cortes; y si se aprueba, porque lo habrá conseguido gracias al respaldo de Batasuna, con cuyos votos prometió en la campaña electoral de 2001 no contar nunca, salvo que medie su condena a ETA.
Un monotema
El plan habrá ocupado así toda la legislatura, ya que el lehendakari ha ido dosificando sus entregas, año a año, debate de política general tras debate de política general, hasta convertirlo en el monotema de su gestión del cuatrienio 2001-2005.
El lanzamiento de la propuesta socialista de reforma del Estatuto, que aparece como alternativa a su proyecto, se le presenta ahora como la amenaza más clara a esa hegemonía en la iniciativa política que ha mantenido Ibarretxe desde que ganó las elecciones en 2001 con su programa soberanista.
El punto de partida de este tramo final, que lo es también de la legislatura, está marcado: será el debate de política general, que previsiblemente se celebre el día 24, último viernes de septiembre, como es habitual, aunque el Parlamento no ha fijado aún la fecha. Antes de ese día y de la celebración, el domingo siguiente, del Alderdi Eguna -el primero que protagonizará el nuevo presidente del PNV, Josu Jon Imaz- nada se moverá en la Cámara. El grupo del PNV celebró su primera reunión el viernes pasado y fuentes del mismo descartaron que la ponencia de debate del plan Ibarretxe vaya a empezar a debatir las enmiendas parciales antes. "Hay que ver las pautas que da el lehendakari", señalaron.
El proceso ha sido deliberadamente parsimonioso. El plazo de enmiendas, fijado por el Reglamento en sólo quince días, se alargó hasta tres meses: se abrió el 4 de noviembre, pero sucesivas prórrogas pedidas por el tripartito y una suspensión de dos semanas para decidir sobre reclamaciones de la oposición lo prolongaron hasta el 9 de febrero. El siguiente y último paso, en marzo, fue la constitución de esa ponencia que en octubre empezará a ver las 135 enmiendas parciales, 128 del propio Gobierno. El Reglamento no fija un plazo límite, así que su tarea concluirá cuando al Gobierno le convenga. Después se producirá un primer debate y votación, artículo por artículo, en la Comisión de Instituciones e Interior y, por último, a finales de diciembre su definitiva discusión en pleno.
Una propuesta de reforma del Estatuto requiere, según contempla el texto de Gernika, la mayoría absoluta de la Cámara, es decir, 38 de sus 75 diputados. Los grupos del Gobierno tienen 36 (26 del PNV, 7 de EA y 3 de EB/IU), el PP 18, el PSE 13 y SA 7 (en la práctica 6 porque uno de ellos está huido). El Gobierno precisa que al menos dos de estos seis diputados radicales le den su voto para que el plan pueda seguir su tramitación ante las Cortes, tal y como prevé también el Estatuto, y si se aprueba allí ser sometido a referéndum. En todo caso, Ibarretxe ha comprometido una consulta popular, tanto si el proyecto sale del Parlamento aprobado, para su ratificación ciudadana, como si es derrotado, porque quiere probar su apoyo popular más allá de la representación parlamentaria.
Discusión de enmiendas
La discusión de las enmiendas va a ser una confrontación de posturas entre los propios integrantes del Gobierno, por lo que es de prever que las hablen de antemano fuera de la ponencia. Son 17 del PNV, 42 de EA y 69 de EB/IU. SA (antigua Batasuna) tiene 7. Sólo hay dos posibilidades: que salga aprobado con el apoyo de los parlamentarios de Batasuna, que tendría que aparecer como gratuito al estar vedada la negociación y los acuerdos con este grupo; o que quede derrotado, con los 36 votos del Gobierno o incluso sólo los 33 de PNV y EA si IU decidiera poner distancia con una abstención para subrayar su perfil federalista ante las elecciones. Ésta es una posibilidad que Javier Madrazo ha apuntado, pero en ella se jugaría con toda probabilidad su continuidad en el Ejecutivo.
Las 17 enmiendas del PNV parecen radicalizar el texto: una suprime la referencia al "principio de unidad en la titularidad de los recursos de la Seguridad Social del conjunto del Estado" existente en el original; otra ahonda en la supremacía del marco vasco de decisión en las relaciones laborales; otra menciona expresamente, cosa que evita el plan, a Trebiño (Burgos) y Truzios (Cantabria) como enclaves vascos, y una más subraya lo prioritario de las relaciones con el País Vasco francés.
Entre las 42 de EA, una menciona directamente el derecho a la independencia a través del ejercicio de la autodeterminación en consulta popular, y otra suprime la referencia al ordenamiento jurídico que el original prevé para las relaciones con Navarra. También extiende la nacionalidad vasca a navarros y vascofranceses y la institucionalización de Udalbiltza o la asunción por los tribunales vascos de las competencias de la Audiencia Nacional. EA incluye también la derogación del Estatuto de Gernika.
IU, por su parte, tiene presentadas 69 enmiendas, una por cada artículo del texto, en la línea de su proyecto federalista.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 9 de septiembre de 2004