El caso Imefe se ha cobrado su primera víctima judicial: la administradora única de la empresa Integración Formativa de Magistrados, SL (Ifomar), Carlota Rosso Muñoz, ha sido condenada a 22 meses de cárcel por los delitos de estafa y falseamiento continuado de documento. Además, Rosso Muñoz deberá pagar una multa de seis euros por día durante seis meses. Asimismo, la sentencia aclara que la imputada devolvió ya el importe completo de los cursos para desempleados que su empresa cobró al Ayuntamiento pero que no impartió: en total, casi 258.000 euros.
La sentencia, firme, fallada el 29 de marzo, considera probado que en 1997 Ifomar concertó con el Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial (Imefe) "la realización de unos cursos formativos destinados a instituciones penitenciarias, acordando percibir por cada curso 11.719 euros". La sentencia continúa: "Aprovechando esta circunstancia, la acusada simuló haber impartido un total de 22 cursos, que en realidad no se realizaron, confeccionando para ello certificaciones falsas de desarrollo y finalización de los [citados] cursos".
La acusada devolvió íntegramente durante la celebración de la causa la cantidad de dinero cobrada al Ayuntamiento por estos cursos que jamás se impartieron: 257.834 euros.
La condena asciende a seis meses de cárcel y seis de multa, a razón de seis euros por día, por falsear un documento; y a un año y cuatro meses de prisión y a multa de seis meses a razón de seis euros al día por estafa. A pesar de la condena, y dado que la acusada carece de antecedentes penales, no irá a la cárcel.
Isabel Vilallonga, la concejal del PSOE que destapó en 2001 el caso, aseguró ayer que la sentencia "da la razón a quienes, en su día, criticaron la gestión de este organismo". Vilallonga, más que la condena de cárcel, cree relevante que la administradora única de Ifomar "tuviese que devolver la cantidad de dinero que cobró de manera fraudulenta". La edil recordó que "en su tiempo", el grupo socialista pidió que el Ayuntamiento se querellara contra Ifomar, cosa que aprobó la junta rectora. "Y esta sentencia es el resultado de esa querella", precisó la edil, que añadió: "El Ayuntamiento debió querellarse también contra otras empresas que estuvieron implicadas y que formaban parte de un conglomerado: Defoco, Prevecon e Incof. Pero el PP no quiso".
El caso Imefe le estalló en las manos al entonces alcalde, José María Álvarez del Manzano. Las denuncias de Vilallonga no se limitaban sólo a los cursos no impartidos por Ifomar, sino a una red de empresas que, según ella, "estaban en manos de militantes del PP". Como consecuencia de la crisis fue destituido el entonces director gerente de este organismo, Ricardo Peydró, y la concejal responsable del instituto, María Antonia Suárez, salió mal parada políticamente aunque no dimitió.
En 1999 se constituyó una comisión de investigación municipal. La oposición concluyó que las irregularidades estaban generalizadas; el PP consideró que el fraude fue sólo "puntual".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 9 de septiembre de 2004