Dirigentes del Gobierno regional respondieron ayer al Ministerio de Fomento -que asegura haber "desbloqueado la Operación Chamartín"- afirmando que, en realidad, su desbloqueo "se ha retrasado, al menos, un mes más". Este proyecto, que lleva paralizado más de una década, prevé ampliar el paseo de la Castellana en 3,5 kilómetros hacia el norte, entre otras cosas soterrando las vías férreas de la estación de Chamartín. Con esta operación se ganarían unas 300 hectáreas, el 15% de las cuales estaría destinado a la construcción de viviendas.
Fomento, que es uno de los propietarios del suelo junto a la Comunidad, el Ayuntamiento y varios particulares, ha anunciado que ha conseguido desbloquear la operación después de que el consejo rector del consorcio del proyecto (formado por los propietarios) aceptara una moratoria de un mes para la aprobación del plan parcial. Este plan parcial, que decidirá la ubicación de las viviendas y dotaciones, entre otros aspectos, iba a ser aprobado en breve, después de más de una década de estancamiento.
Fomento pretende que se estudie la construcción de más viviendas de protección oficial de las que prevé el plan inicial (un 20% de las viviendas del ámbito), e incluir esta operación en la bolsa de suelo que la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, anunció para construir 180.000 viviendas de protección en toda España.
Vivienda protegida
Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio afirman que esta maniobra no va con ellos. En este sentido, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, declaró ayer que "el cien por cien" del terreno propiedad de la Comunidad en este ámbito ya estaba destinado a la construcción de viviendas protegidas desde un principio.
Un portavoz de la consejería afirmó que "tanto Ayuntamiento como Comunidad ya han proyectado 750 viviendas de protección cada uno" sobre la totalidad del terreno de su propiedad, por lo que la construcción de más viviendas de protección oficial sólo se podría acometer de dos maneras: ampliando la edificabilidad del proyecto (más terreno o edificios más altos) o restando viviendas de precio libre en la operación.
Las dos vías son problemáticas, ya que en el primer caso "habría que cambiar el plan especial, ya que habría que adecuar la infraestructura a la demanda que entonces se produciría", según fuentes de la consejería. Y la segunda opción supondría "restar rentabilidad a la iniciativa privada que construirá allí [la empresa Duch, formada por Renfe y una entidad financiera]".
"Para que la operación salga adelante es necesario que se construyan viviendas libres para que sea rentable, y ahora comenzará otra negociación que puede alargarse en el tiempo, además de que se tendría que reelaborar el plan parcial, y eso también tardará", aseguran desde la consejería.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 9 de septiembre de 2004