La salvación de los astilleros españoles, agrupados en la sociedad Izar, no va a ser una tarea políticamente cómoda ni económicamente fácil. Para resolver el entuerto creado por los responsables económicos de los Gobiernos del PP -concesión de ayudas públicas ilegales cuya reclamación por la Comisión Europea coloca al grupo en situación de quiebra-, el presidente de la SEPI ha propuesto segregar los activos navales civiles y militares en los astilleros de Ferrol, Cartagena, Puerto Real y Cádiz; concentrar la producción militar en una nueva sociedad que soslaye la quiebra de Izar, y buscar socios privados para mantener las actividades civiles (concentradas en Sestao, Sevilla, Manises y Gijón), sumidas en una gravísima crisis por la imposibilidad de competir con los astilleros asiáticos. Aunque el plan se ejecute a la perfección, se perderán muchos empleos en la operación, que quizá hubieran sido menos si durante los ocho años de Gobierno popular el problema se hubiera afrontado con valentía y capacidad profesional.
Los gestores del PP cometieron dos gravísimos errores: el ya mencionado de las ayudas ilegales y la integración de las actividades navales civiles y militares en un solo grupo, con el riesgo de que el deterioro de la producción civil acabara por hundir la producción naval militar, algo que al parecer ya está sucediendo. Resulta muy difícil imaginar qué tipo de argumento empujó a un Gobierno a conceder ayudas públicas ilegales, pero el hecho es que los gestores del PP cometieron una ilegalidad probablemente a sabiendas. Quizá confiaron en una negociación posterior con la Comisión o en que la información sobre la reclamación europea podría orientarse si el PP se mantenía en el poder. El caso es que el ejercicio de irresponsabilidad pasado se completa hoy con una demostración de cinismo político. Después de crear el problema con decisiones que ponen a Izar frente a la quiebra, el PP actual se permite criticar los planes de la SEPI para minimizar el desastre y alientan la protesta sindical y social en las zonas afectadas.
La cuestión relevante es si el plan estratégico propuesto por la SEPI es el más eficaz para salvar los restos del naufragio naval. La segregación de actividades civiles y militares se antoja como la más lógica y coherente; y está fuera de lugar sugerir siquiera que se sigan inyectando ayudas públicas a espaldas de la legalidad europea. Los sindicatos tendrán que valorar cuáles son las opciones disponibles, muy pocas en realidad. El camino de la negociación debería estar abierto para reducir los daños económicos y sociales; el de la protesta radical que niega la realidad económica y política de Izar tan sólo avala la negligencia de los políticos que provocaron la catástrofe.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 9 de septiembre de 2004