En septiembre de 1995 compré a Construcciones Brues SA la vivienda de protección oficial del número 1-4º C del Paseo Baratzategi de San Sebastián. Al poco de ocuparla, se detectaron tales vicios de construcción en ella que durante todo este tiempo me han hecho vivir entre baldes y plásticos, debido a las goteras y humedades.
Tras un auténtico calvario, con un procedimiento resuelto que al final el Gobierno vasco consideró equivocado, y que dio lugar al inicio y tramitación de uno nuevo, llegando ambos a parecidas conclusiones, por fin el delegado del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco en Guipúzcoa dicta una resolución, con fecha 9 de enero de 2004.
En ella se resuelve el expediente sancionador EB3-04/03VP y, entre otras cuestiones, se sanciona a Construcciones Brues SA "con la inhabilitación temporal de dos años para intervenir en la formación de proyectos o en la construcción de Viviendas de Protección Oficial, en calidad de técnicos, promotores, constructores y encargados de obras...", por la no subsanación de los defectos de construcción que hacen prácticamente inhabitable mi vivienda.
La empresa constructora hace caso omiso a lo ordenado, campeando por sus fueros, y el Gobierno vasco, al parecer, consiente la situación. Ante ello, deduzco que referida empresa ha debido interponer un recurso de alzada contra la resolución sancionadora. Para no andar con elucubraciones y conocer el estado real en que se encuentra el expediente, con fechas 25 de mayo y 16 de junio de 2004 solicito, mediante burofax, un certificado de las actuaciones y documentación de mi interés. No entiendo qué intereses puede tener el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, que dirige al parecer el señor Madrazo, para, al día de hoy, no haber emitido los documentos por mí demandados. Me siento impotente y víctima. Impotente porque lucho contra dos gigantes, Gobierno y empresa constructora.
De la empresa qué voy a esperar, la prevalencia de sus intereses económicos. Pero esperaba otra cosa de la Administración, garante, en teoría, de los derechos de la ciudadanía pero que consiente situaciones como la mía y no atiende ni aporta la documentación y certificado solicitados.
Me considero doblemente víctima, porque siento que la consejería de Vivienda y Asuntos Sociales protege a la empresa constructora y no al ciudadano y a su vivienda.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 9 de septiembre de 2004