Cientos de padres y madres se concentraron ayer frente al Ayuntamiento de Vitoria con sus hijos para exigir al alcalde, el popular Alfonso Alonso, que resuelva ya el conflicto de las guarderías municipales, que ayer cerraron sus puertas coincidiendo con el primer día de curso para los niños de cero a tres años. Hasta ahora, habían sido las educadoras las protagonistas de todas las movilizaciones, pero el martes y, sobre todo, ayer los padres han tomado el relevo expresando su indignación contra el primer edil, al que consideran el principal culpable de que sus hijos se queden sin el servicio público de guardería.
En la concentración se vivieron momentos de tensión cuando algunas madres intentaron acceder al edificio para pedirle a Alonso que cuidara de sus hijos y la Policía Municipal tuvo que detenerles. El consistorio llegó a cerrar durante una hora sus puertas hasta que paulatinamente disminuyó la tensión, aunque no el enfado de los padres.
Éxito de la huelga
La huelga indefinida que comenzaron las educadoras el pasado 1 de septiembre, y que afecta directamente a 1.500 niños desde ayer, día oficial del comienzo del curso, está resultando un éxito. Ninguna de las 17 guarderías abrió ayer sus puertas. El paro ha puesto contra las cuerdas al alcalde y está empezando a salpicar a los partidos de la oposición, que hasta ahora se habían alineado en contra de Alonso.
El origen del conflicto se remonta al pasado 27 de julio, cuando Alonso firmó un decreto reorganizando el servicio de guaderías municipales, que en la práctica supuso el despido de 127 trabajadoras interinas, que en su mayor parte son diplomadas en Magisterio. El objetivo de Alonso es dotar a las guarderías de un carácter más asistencial que educativo, para lo que redujo la categoría laboral de las interinas, y facilitó el acceso a la bolsa de trabajo para fijar la futura plantilla a Técnicos de Jardín de Infancia, una rama de Formación Profesional de categoría inferior a la diplomatura en Magisterio.
Después de varias movilizaciones, el primer edil accedió a mediados de agosto a que parte de las interinas despedidas pudiesen acceder a la bolsa de trabajo. Sin embargo, 32 de ellas no han logrado entrar. La presión social y de la propia oposición llevó a Alonso a una nueva concesión el pasado lunes, cuando suspendió parte del polémico decreto, pero no lo relacionado con la reordenación de los puestos de trabajo. Éste es el principal caballo de batalla, ya que las educadoras consideran imprescindible readmitir a todas las despedidas y mantener la anterior estructura laboral.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 9 de septiembre de 2004