La Comisión Europea tiró ayer la toalla ante un asunto vital: la seguridad nuclear europea. Después de un año de vanas negociaciones entre los 25, el colegio de comisarios presidido por Romano Prodi ha decidido retirar las propuestas más polémicas de su plan de reforzar la seguridad de las instalaciones atómicas y ejercer desde Bruselas un cierto control. La nueva propuesta no contempla la exigencia de establecer cementerios nucleares antes de 2018; tampoco la de disponer de fondos bloqueados para afrontar los desmantelamientos o la de contar con equipos de inspectores.
Las dos directivas con las que la comisaria europea de Energía, Loyola de Palacio, pretendía mejorar la seguridad nuclear en Europa tendrían que haber estado aprobadas a primeros de este año. La oposición de la mayor parte de los países a ese plan es la causa de esta profunda revisión hecha ahora por la Comisión.
Lejos de la primera propuesta de que los explotadores de las instalaciones y los gobiernos garantizaran unos fondos de desmantelamiento que quedaran bloqueados para disponer de ellos de forma inmediata cuando se necesitaran, la nueva proposición de la Comisión es que se disponga de "fondos suficientes", aunque en este punto la Comisión se reserva el derecho de plantear en el futuro medidas más concretas.
La idea de crear equipos europeos de inspectores que informaran a Bruselas de la situación de los establecimientos nucleares también queda aparcada. En su lugar, el control que ejercerá la UE será a través de los informes de actividades que le remitan los diferentes países.
Finalmente, desaparece el calendario que obligaba a los países a determinar un lugar para construir sus cementerios con residuos radiactivos de alta intensidad (los más peligrosos) antes de 2008 y de ponerlos en funcionamientos antes de 2018. Los países deben presentar "en un plazo razonable de tiempo" sus planes nacionales para resolver este asunto con los plazos que a cada uno le convenga. Tampoco se exige que los residuos sean enterrados en almacenamientos geológicos profundos. En su lugar, se deja que cada país opte por el sistema que considere más conveniente.
En España, donde se producen 160 toneladas de residuos de alta actividad al año, el Plan General de Residuos fija el año 2010 como límite para la construcción de un almacén temporal centralizado. No se plantea la construcción de un almacenamiento geológico profundo.
Loyola de Palacio consideró que la obligación de presentar planes nacionales en un "plazo razonable" otorga a la Comisión la potestad de actuar contra un Estado miembro de la UE que se demorara más allá de cinco años, por ejemplo.
De Palacio ha contado con el apoyo del Parlamento Europeo, pero la oposición ha sido frontal en el seno del Consejo. Alemania, Reino Unido, Suecia, Finlandia y República Checa han abanderado la batalla en contra, pero no han estado solos. La mayor parte de los países se han mostrado contrarios a compartir el control nuclear y no estaban dispuestos, por ejemplo, a aceptar plazos para los almacenamientos iguales para todos. Para muchos países, los plazos estipulados eran demasiado cortos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 9 de septiembre de 2004