El Gobierno dibuja sobre astilleros un panorama sombrío. El resumen de sus argumentos es el siguiente: "La Comisión Europea ha impuesto sanciones por 1.100 millones de euros que es necesario pagar urgentemente, no nos permiten nuevas inyecciones de capital y no hay carga de trabajo. Por tanto, es necesario cerrar centros y reducir plantilla". La pregunta que asalta al ciudadano es ¿realmente se pueden salvar los astilleros públicos o su mantenimiento es sólo la prolongación de una lenta agonía?
Quiero recordarle al PSOE las alternativas que pueden garantizar el futuro del sector y que, hasta hace escasos meses, compartía con Izquierda Unida y con los sindicatos. Advirtiéndole además que su compromiso con astilleros ha sido de tal magnitud que consentir el cierre o la privatización sólo puede interpretarse como un engaño y una traición.
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En primer lugar, la sanción europea es de 309 millones de euros. Esta losa más agobiante es posible negociar su pago a largo plazo. Por el contrario, el Gobierno ni siquiera ha recurrido la sanción. Por otra parte es posible arbitrar ayudas autonómicas. En segundo lugar, es necesario elaborar un verdadero plan industrial que contemple las posibilidades de producción de cada uno de los centros. El actual plan no conoce siquiera la especialidad de cada astillero, con errores tan garrafales como considerar a San Fernando un astillero de producción civil. En un plan industrial riguroso los astilleros andaluces no están mal situados: Puerto Real puede hacer barcos hasta un millón de toneladas, es el mejor astillero español y posiblemente europeo; San Fernando cubre la oferta de buques de mediano tamaño con una alta especialización en transmisiones y sistemas avanzados; Sevilla es el único astillero en España especializado en ferrys y medianos barcos de crucero, que tiene una importante cartera de pedidos; y Cádiz tiene el mejor dique europeo para llevar a cabo las reparaciones de buques. ¿Por qué no van a tener futuro los astilleros andaluces?
Es verdad que la contratación naval es escasa. Pero quiero recordarle al PSOE que coincidíamos en señalar como culpable de esta falta de contratación al gobierno de Aznar que había boicoteado la actividad de los Astilleros con la finalidad de "venderlo a los amigos". Este argumento puede comprobarse cuando la propia contratación de buques en época de Aznar se hacía en el extranjero. Es posible recuperar la cartera de pedidos y, si la SEPI quiere, hacer contrataciones de forma inmediata.
Y es necesario replantearse en Europa esta política suicida que consiste en consentir el dumping de otros países mientras que los burócratas imponen sanciones por hacer uso de ayudas públicas para mantener el empleo. Y el PSOE aplaude.
Concha Caballero es portavoz de IU.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 12 de septiembre de 2004