La sanidad pública sufre un grave problema financiero. El dinero que las comunidades autónomas pactaron con la Administración central -unas, como Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña, hace 20 años; otras, como Madrid, hace sólo dos años- para hacerse cargo del servicio no llega hoy para cubrir las necesidades del mismo: inversiones en arreglo de hospitales o construcción de nuevos centros, atención de nueva población que se ha incorporado al sistema, pago de fármacos... Los Gobiernos autónomos reconocen un déficit -diferencia entre el presupuesto que la Administración central transfirió y el coste real de mantener el servicio sanitario- que supera los 1.000 millones de euros cada año, a juzgar por las estimaciones que hacen los consejeros de Sanidad y de Hacienda de las comunidades más pobladas (Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia) consultados por este periódico.
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Inmigrantes y desplazados
La Comunidad de Madrid estima en 230 millones de euros el dinero que le falta para atender el aumento de población como consecuencia de la llegada de miles de inmigrantes; la Comunidad Valenciana reclama 100 millones de euros para el fondo de desplazados -ciudadanos de otras comunidades que se tratan en los hospitales valencianos-, la Generalitat de Cataluña señala que su déficit supera los 600 millones de euros, y la Junta de Andalucía también reconoce la existencia de déficit si bien no lo ha detallado en cifras.
El problema se detectó hace años y en 2002, el Consejo de Política Fiscal y Financiera buscó una fórmula para que las comunidades autónomas pudieran lograr dinero para resolver en parte el déficit en la financiación de su servicio sanitario. El Gobierno central y las comunidades acordaron crear un gravamen sobre la gasolina de hasta 2,4 céntimos por litro, cuya recaudación sólo podría destinarse a financiar la sanidad pública o las políticas de medioambiente.
Dos años después, ese instrumento se ha demostrado insuficiente. Primero, porque muchas comunidades autónomas han decidido no utilizar esa posibilidad, para evitar un recargo fiscal que pudiera resultar impopular y acarreara al partido gobernante costes electorales. Las que se atrevieron a aprobarlo -Cataluña, el verano pasado; antes, Madrid, Galicia y Asturias- ingresaron cantidades importantes pero insuficientes. Cataluña, por ejemplo, calcula que podrá obtener 60 millones de euros este año por el gravamen de la gasolina que aplica desde agosto, pero su déficit supera los 600 millones de euros al año. Esta comunidad decidió aplicar el máximo del gravamen -2,4 céntimos por litro-, mientras otras comunidades sólo imponen un céntimo de euro.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 13 de septiembre de 2004