Las 104 personas que en la verbena de Sant Joan de 1997 en Cataluña sufrieron lesiones a causa de un defecto en un petardo conocido como superchupinazo serán indemnizadas con más de seis millones de euros. Así lo sentenció ayer el Juzgado de lo Penal número 2 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) en una sentencia que condena a dos años y dos meses de prisión a los dos responsables de la empresa fabricante.
La sentencia señala como responsables civiles subsidiarios al fabricante y a la Administración del Estado. Además de Miguel González Lázaro y Bernardo Sanchís Vallbona, administrador y gerente de Pirofantasia y Multimedia, el juez condena a una multa de 360 euros a Fernando Vázquez Guzmán, que fue subdirector general de Industria y autorizó la distribución del petardo.
La sentencia apunta que González Lázaro y Sanchís Vallbona pasaron a solicitar la clasificación del superchupinazo al Ministerio de Industria integrando en la solicitud "un dibujo que llamaba a engaño" respecto a las medidas de las partes que componían cada uno de los artificios, "silenciando la composición cuantitativa y peso de las sustancias". El petardo contenía "mezclas prohibidas y deficiencias en la compactación de la pasta de retardo", provocando la explosión "en tiempo cero" y "arrasando con yemas, falanges y hasta dedos completos". La defensa de 57 de los heridos, ejercida por el abogado Juli de Miquel, anunció que recurriría la sentencia ante la Audiencia de Barcelona, al considerar que también se debería haber condenado a los responsables del laboratorio que emitieron el certificado del petardo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 14 de septiembre de 2004