La juez de Ubrique está tomando declaración estos últimos días a funcionarios y cargos públicos del Ayuntamiento de Benaocaz (Cádiz, 700 habitantes) tras el recurso presentado por el Partido Popular gaditano al archivo de una primera denuncia contra el alcalde de esta pequeña localidad de la Sierra gaditana, José Rafael Reyes, del PSOE, a quien los populares acusan de haber contratado de manera ilegal a un concejal de su propio equipo de gobierno.
Los hechos se remontan a principios de 2002 cuando el PP de Cádiz denunció que el primer edil contrató como albañil a un edil socialista de la corporación de Benaocaz. Los populares llevaron su denuncia ante la justicia que decidió imputar en un primer momento al alcalde, aunque más tarde archivó el caso al no apreciar el Ministerio Fiscal indicios de delito.
El PP recurrió de inmediato y la jueza ha citado recientemente a una serie de testigos y al propio concejal. "Estamos ante una clara contratación ilegal que demuestra la desfachatez política del PSOE", afirmó ayer Daniel Nieto, vicesecretario de Organización del PP de Cádiz.
De estas críticas se defendió José Rafael Reyes, quien reconoció que su concejal fue contratado porque estaba en la bolsa de trabajo como un desempleado más.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 17 de septiembre de 2004