Brasil ha comenzado a poner en práctica el plan del Gobierno del presidente Lula para desarmar a la sociedad civil. Desde ayer han quedado invalidadas todas las licencias de armas concedidas antes de julio de este año, y cualquier ciudadano que sea descubierto con un arma sin autorización podrá ser condenado a seis años de cárcel.
La idea del Gobierno es conseguir el desarme real de todos los brasileños. Por el momento han quedado enormemente restringidas las posibilidades para que un ciudadano común posea un arma. Podrán tenerla sólo los policías civiles y militares y los policías privados. Para los demás mortales, los únicos autorizados a poseer un arma son las personas consideradas por la policía en peligro o que ejercen actividades de alto riesgo.
Para obtener una licencia de armas, de ahora en adelante, los requisitos van a ser muy numerosos, desde una serie de certificados de tres ramas de la Justicia -federal, electoral y militar- a varios test psicológicos, así como exámenes de tiro, que sólo podrán ser realizados en escuelas especializadas de la Policía Federal.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 23 de septiembre de 2004