A los pocos meses de la llegada del PSOE al Gobierno, se han comenzado a poner de manifiesto las primeras diferencias entre los ministerios de Economía y Agricultura a la hora de articular ayudas para el campo.
Una primera batalla se está librando por el gasóleo. Agricultura es reacia a adoptar medidas de ayuda, en principio hasta que los precios no lleguen a los niveles de 2000 y se rechaza elevar el IVA percibido o la concesión de créditos blandos denunciado en Bruselas. Sin embargo, se considera que hay margen para rebajar el impuesto especial sobre hidrocarburos sin infringir la normativa comunitaria y la reducción de los módulos en la estimación objetiva para los pequeños y medianos agricultores. Economía se resiste a esas vías por cuanto podría ser una espita abierta para otros colectivos.
En el marco de la austeridad presupuestaria, Agricultura ha renunciado esta campaña a la aplicación de la destilación de crisis para reducir excedentes de vino en el campo, medida que el precio comunitario de 1,80 euros debería haber sido complementado con fondos nacionales bajo la autorización de Bruselas.
Además, en los presupuestos para el próximo ejercicio, Economía se ha limitado a una subida para la aportación nacional en el entorno del incremento del índice de Precios al Consumo dejando a un lado el compromiso socialista de poner en marcha una nueva política agraria pensada para apoyar sobre todo el territorio. Agricultura se asume la decisión porque se considera que desde las elecciones no ha existido tiempo.
Ambos departamentos mantienen también posiciones diferentes en relación a la nueva ley de Arrendamientos Rústicos que se podría aprobar esta semana.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 27 de septiembre de 2004