El pasado viernes 17 de septiembre, Fernando Olivera, embajador de Perú, escribía una carta al director en su periódico destacando los importantes avances que, según él, el Gobierno peruano ha realizado en el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y mencionaba, explícitamente, el último informe de Amnistía Internacional (AI) sobre este tema.
Nuestro informe reconoce los avances del Estado peruano, pero también asegura que un año después de la publicación de las conclusiones de la CVR, el Gobierno peruano debe mostrar la voluntad política necesaria para acabar con la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas durante los 20 años de conflicto interno.
AI considera que el Estado peruano debe poner en práctica medidas más eficaces para satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como eliminar la discriminación y exclusión que continúa limitando el libre ejercicio de los derechos ciudadanos de una gran parte de la sociedad peruana.
Entre las medidas que propone la organización están la garantíade que al igual que los tres casos
que se están juzgando ya, se lleve a los tribunales los restantes 40 casos documentados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación; adopción de un Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos que debe dar la máxima prioridad a la difusión en Perú del informe de la CVR en las lenguas pertinentes; inclusión de las recomendaciones de la CVR en los programas de estudios de escuelas y universidades y la aplicación de medidas concretas para conseguir la igualdad racial y de género en Perú.
Por último, en cuanto al número de víctimas, la CVR concluyó que Sendero Luminoso es responsable del 54% de los muertos y desaparecidos, pero también afirmaba que las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, en algunos momentos y en algunas zonas del país, constituyeron prácticas sistemáticas y/o generalizadas, es decir crímenes de lesa humanidad y no "excesos" como indica el embajador en su carta.
Además, es necesario recordar que mientras los crímenes cometidos por miembros de los grupos armados de oposición ya han sido penalizados y la mayoría de sus miembros encarcelados, aquellos en los que aparecen involucrados miembros de las Fuerzas Armadas continúan en gran medida impunes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 27 de septiembre de 2004