La industria farmacéutica reiteró ayer su rechazo frontal a la decisión del Gobierno de obligarle, vía ley de presupuestos, a pagar un impuesto sobre sus ventas para financiar la investigación pública. Farmaindustria, la patronal de los laboratorios farmacéuticos, acusó al Gobierno de aprovechar la capacidad de intervención pública sobre el sector con el objetivo recaudatorio de financiar sus promesas de un mayor gasto en Investigación y Desarrollo (I+D), un 25% más que en 2004, "sin tensionar el presupuesto". La medida del Gobierno supone que la industria devolverá al Estado un 2% de sus ventas de medicinas consumidas por la sanidad pública, igual que lo hacen farmacias y distribuidores.
La mitad se dedicará a la investigación, lo que supondrá unos cien millones de euros adicionales. La patronal dice que ésta es una medida intervencionista. En la práctica, dice Farmaindustria, este impuesto aumenta la presión fiscal sobre las compañías. El Partido Popular también reprochó la decisión del Gobierno, y criticó a la ministra de Sanidad, Elena Salgado, por no haber consensuado con el resto de formaciones políticas y las comunidades autónomas el nuevo sistema aprobado por el Gobierno. El portavoz del PP en la comisión de sanidad del congreso, Mario Mingo, aseguró que esta decisión ha sido impuesta sin ningún tipo de diálogo.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que agrupa a profesiones del sector, por su parte, dijo ayer que la decisión del Gobierno es en "principio razonable y acertada".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 30 de septiembre de 2004