El Gobierno defendió ayer la constitucionalidad del proyecto de ley que permitirá los matrimonios entre homosexuales y confirmó que no lo remitirá al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para informe, ante la "urgencia" que tiene en aprobar dicha norma. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, indicó que el informe del Poder Judicial "no es un requisito previo, no hay que solicitarlo".
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, señaló que "todo el Gobierno está convencido" de la constitucionalidad del proyecto y consideró "bastante revelador" que el Poder Judicial "esté buscando tanta voluntad de oponer dictámenes que ya se anticipan como negativos o desfavorables e incluso con descalificaciones de inconstitucionalidad cada vez que el Gobierno pone en marcha una iniciativa progresista".
A López Aguilar le respondió el portavoz del Poder Judicial, Enrique López, quien rechazó la acusación lanzada por el ministro y aseguró: "No tenemos voluntad de oponernos a leyes con carácter general, sino todo lo contrario, la voluntad es mejorar las leyes". Respecto a que el CGPJ emita el informe aunque el Gobierno no lo requiera, López señaló que "no está legalmente previsto pero tampoco está prohibido".
Hoy se celebrará el Pleno del Consejo en el que la mayoría tiene previsto instar del Gobierno la petición de informe. Los vocales de la minoría progresista decidieron ayer votar en contra del requerimiento al Gobierno al entender que éste ha actuado correctamente, dado que el matrimonio no es un derecho fundamental, cuya afectación requeriría el informe del CGPJ. No obstante, expondrán que el Gobierno, en uso de sus facultades discrecionales, podría haber optado por remitir el proyecto al Consejo dada su importancia social y jurídica.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de octubre de 2004