El Gobierno de Chile y parlamentarios de todos los partidos llegaron ayer a un acuerdo en el Senado para reformar la Constitución promulgada por Pinochet en 1980 y eliminar la mayoría de las principales disposiciones que dejó la dictadura para maniatar a los Gobiernos civiles.
El acuerdo restituye al presidente de la república la facultad de destituir a los comandantes en jefe de las fuerzas armadas previo informe al Senado, deroga la institución de los senadores designados y vitalicios y facilita el voto y otorgamiento de nacionalidad a los chilenos nacidos en el exterior.
El acuerdo fue suscrito por el ministro del Interior, José Miguel Insulza, el presidente y vicepresidente del Senado y los representantes de los partidos con presencia en la Cámara alta.
Según el acuerdo, los senadores designados (nueve de un total de 48) y un senador vitalicio dejarán sus cargos el 10 de marzo de 2006, un día antes del término del Gobierno del presidente Ricardo Lagos, quedando el Senado con 38 integrantes, todos elegidos por votación popular por primera vez desde el restablecimiento de la democracia en 1990.
Estos cambios "pondrán fin a toda herencia del pinochetismo", sostuvo el senador socialista José Antonio Viera Gallo. La derecha se plegó a estas reformas después de 14 años de debate por su convicción de que puede alcanzar el poder en la próxima elección presidencial con su candidato, el alcalde de Santiago, Joaquín Lavín.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de octubre de 2004