¿En qué sesión plenaria y urgente ha rechazado el Ayuntamiento de Eskoriatza la pena de muerte que ETA ha decretado contra los cargos públicos no nacionalistas y que les obliga a vivir escoltados y en semiclandestinidad? ¿Cuándo han asumido competencias sobre orden público y desde cuándo considera que la presencia de la Ertzaintza atenta contra los derechos básicos? ¿Qué le hace suponer que la policía francesa no actuará dentro de la más estricta y escrupulosa legalidad en la guarda de los derechos de los detenidos?
Se sabe la coacción que el entramado etarra existente en nuestros pueblos ejerce sobre todos, pero no se puede aceptar que las personas que rigen las instituciones se comporten de forma cobarde y poco decorosa. Deben personificar la dignidad y honra que estos órganos representativos se merecen. Por esa dignidad y coherencia han sido asesinadas demasiadas personas. Por denunciar el terror y la amenaza totalitaria de ETA aún viven amenazados concejales, políticos, jueces, policías, profesores, periodistas... Demasiada gente. Personas que no tienen garantizados derechos en la misma medida que los concejales de PNV, EA y EB-B de Eskoriatza, al menos tienen derecho a esperar que se convoque un pleno para poner en mayúsculas que ETA es un cáncer que hay que exterminar en su núcleo y ramificaciones por todos los medios legales, y que la vasca es una sociedad que no quiere vivir bajo la bota de la generala Anboto y sus secuaces.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de octubre de 2004