La Fiscalía General de Costa Rica activará el próximo día 16 una orden de busca y captura internacional contra el dimisionario secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el ex presidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), si no comparece ante la justicia de su país para declarar sobre el escándalo de sobornos que le incrimina. Rodríguez presentó su renuncia el viernes a la dirección de la OEA, efectiva a partir del día 15, después de que el Gobierno y el Congreso de Costa Rica la exigieran al publicarse pruebas sobre la ilegal recepción del ex presidente de medio millón de dólares a cambio de adjudicar un contrato de 149 millones de dólares a la multinacional francesa Alcatel.
"A partir del momento que deje de ser secretario general (...) se le acusará de los delitos de cohecho, corrupción y enriquecimiento ilícito", informó ayer el fiscal general del país centroamericano, Francisco Dall'Anessem, en conferencia de prensa. La orden de captura fue entregada en la Embajada de Estados Unidos en San José, la capital costarricense. La semana que entra se decidirá el día en que el ex presidente será llamado a declarar por su supuesta participación en una trama de corrupción que alcanza a funcionarios y políticos. Los casos relacionados con el soborno son castigados en Costa Rica con penas de prisión que oscilan entre los dos y los seis años y hasta 15 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Un mes en el cargo
Miguel Ángel Rodríguez, de 64 años, que apenas permaneció al frente de la OEA un mes, deberá responder a las acusaciones de su ex amigo y ex director del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) José Antonio Lobo, quien admitió haber recibido comisiones de Alcatel por 2,4 millones de dólares. El ex presidente, según afirmó, la reclamó el 60% de ese dinero. Rodríguez sólo ha admitido haber percibido parte de "un préstamo personal" de 140.000 dólares por parte de Lobo, que fue su ministro de Vivienda y titular del monopolio de la electricidad, hasta su destitución hace dos semanas. La compañía sueca de telecomunicaciones Ericsson también ha sido implicada en otro hecho parecido.
El estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la cuarta empresa más grande de Centroamérica, protagoniza el mayor escándalo de corrupción de la historia de Costa Rica, un país que había permanecido relativamente alejado de las crisis regionales. Cinco de sus directivos han sido destituidos, varios políticos son investigados y se revisan contratos de Alcatel, Ericsson o de la española Abengoa. Otro de los supuestos corruptos del ICE, Joaquín Alberto Fernández, que habría recibido 1,2 millones de dólares de Alcatel, fue nombrado por el ex presidente José María Figueres (1994-1998), pese a que registraba en su currículo dos condenas judiciales por estafa y de cheques sin fondos. Lobo sigue bajo arresto domiciliario, y Fernández, encarcelado en una prisión de la capital costarricense.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de octubre de 2004