El Gobierno del primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, ha aprobado el polémico plan para dividir en cuatro entidades y privatizar Japan Post, los servicios postales japoneses. Se trata de la institución financiera más grande del mundo, con el equivalente a 2.800 millones de euros en depósitos de ahorro y en activos de seguros, y con 25.000 filiales en todo Japón.
Sus 400.000 trabajadores hacen de este organismo el mayor empleador de Japón, donde además es el principal comprador de los bonos del Estado y el mayor propietario de la deuda estatal al tener unos 1.400 billones de yenes en valores.
Pese a su gigantesca dimensión, esta institución disfruta del privilegio de contar con garantías estatales y de exención de impuestos.
Para garantizar la libre competencia, los servicios postales japoneses se transformarán en un consorcio con cuatro unidades separadas: banca, seguros de vida, entrega de correo y servicios de gestión de la red de oficinas postales. Así lo establece el anteproyecto de ley aprobado hoy que cuenta con el apoyo de los bancos y del Consejo de Política Económica y Fiscal, asesor principal del Gobierno en ese ámbito.
El anteproyecto fija que el Gobierno mantenga, al menos, un tercio de las acciones de la compañía y que siga siendo el propietario de las acciones de las cuatro unidades hasta que la venta, que debe comenzar en 2007, esté definitivamente concluida en 2017.
Igualmente, da cierto poder de gestión al Gobierno sobre la entrega de correo y el funcionamiento de las oficinas postales distribuidas por todo Japón, para garantizar la buena marcha de ambos servicios; así como el control de los fondos de las cuatro unidades para asegurar la estabilidad en los mercados financieros, afirma Nakagawa.
La aprobación del plan es un logro político de Koizumi, que ha hecho de la privatización postal una prioridad de su mandato desde que llegó al Gobierno en abril de 2001, al haberla señalado como el objetivo principal de su agenda de reformas estructurales, por considerar que así sus enormes flujos financieros irán a parar a la economía en lugar de "a un barril sin fondo". Los analistas creen que las líneas maestras del texto garantizan el juego limpio entre las empresas estatales y las instituciones privadas.
Ahora, una vez aprobado por el Gobierno, sólo queda que el Parlamento, bajo el control virtual del Partido Liberal Democrático (PLD) de Koizumi en los últimos 50 años, aliado en el poder con Nuevo Komeito, le dé el visto bueno tras los acalorados debates que originará, incluso entre algunos de los diputados más conservadores de la principal formación política.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de octubre de 2004