No acaban los dolores de cabeza para Aguas Argentinas, la compañía que abastece a Buenos Aires y cuyo 25% está en manos de Aguas de Barcelona (Agbar). Pese a los fuertes cuestionamientos a su gestión, Aguas Argentinas fue la una de las primeras empresas de servicios públicos que selló un acuerdo con el Gobierno de Néstor Kirchner. Pero este convenio es transitorio.
Fuentes del organismo regulador advierten que a la empresa se le dificultará invertir en su expansión porque está en suspensión de pagos
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Mientras se negocia el convenio definitivo, el organismo regulador del servicio, el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (Etoss), ha propuesto formalmente que la concesión de aguas más grande del mundo se divida, de modo que nuevos inversores se aboquen a la tarea de ampliar la red de agua potable y cloacas.
En la capital argentina y sus suburbios, el llamado Gran Buenos Aires, habitan 12 millones personas. Tres millones de ellos carecen del servicio de Aguas Argentinas. Etoss, integrado por el Estado nacional, la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, sugirió hace dos semanas a la Unidad de Renegociación (Uniren) de los contratos de servicios públicos que las áreas que no cubre la compañía gestionada por la francesa Suez (40%) y participada por Agbar, se cedan en concesión a otros inversores que quieran y puedan invertir en la extensión de la red y en la construcción de plantas de tratamiento.
Barreras a la inversión
Etoss también recomendó que operadores independientes, como el del distinguido barrio de Nordelta (norte del Gran Buenos Aires) abastezcan a zonas pobres aledañas. Asimismo, insinuó que, si Aguas Argentinas no continúa con la gestión, se subdivida la concesión de la que goza actualmente.
Fuentes de Etoss advirtieron que a Aguas Argentinas se le dificultará invertir en grandes proyectos de expansión porque está en suspensión de pagos y porque la tarifa congelada actual no le alcanza. Ellos consideran que se necesitará fondos de organismos multilaterales, nacionales y provinciales para nuevos proyectos.
La compañía en cuestión, Aguas Argentinas, ganó la subasta para hacerse cargo de lo que era la estatal Obras Sanitarias en la década pasada, al calor de las privatizaciones aplicadas por el Gobierno de Carlos Menem. En enero de 2002 se devaluó el peso, se desdolarizaron y congelaron las tarifas de todos los servicios públicos y, cuatro meses después, Aguas Argentinas fue una de las primeras empresas en suspender pagos. Debía 588 millones de euros.
En los últimos años se repitieron las críticas contra ella por la falta de expansión del servicio y por las elevadas tarifas. Las críticas fueron tan intensas que los asesores del actual ministro de Planificación, Julio de Vido, pedían la rescisión del contrato. Bajo esa amenaza, la compañía participada por Agbar, aceptó la firma en mayo pasado de un acuerdo transitorio con el Gobierno por el que se comprometió a invertir en 12 meses 75 millones de euros en cloacas, sin que las tarifas se modifiquen hasta diciembre próximo.
El Poder Ejecutivo lograba así un éxito que le servía para presentar en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero el organismo de Washington le pedía que dos tercios de los 62 contratos de servicios públicos en discusión se sellaran antes de junio, y no se logró.
El debate del Gobierno de Kirchner con Aguas Argentinas tampoco terminó aquí. En la actualidad, está negociándose el contrato definitivo que debe regir a partir de diciembre. En el medio, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de marco regulador para todos los servicios públicos que las empresas cuestionan, porque permite que el Estado rescinda con supuesta discrecionalidad los contratos y las obliga a subvencionar la prestación a los clientes más pobres.
El fin de la tarifa básica
En la negociación particular de Aguas Argentinas, Etoss ha formulado su propuesta, que también encierra una idea deseada por la compañía. En Buenos Aires se paga una tarifa básica por el agua, recurso por ahora abundante pero estratégico, y no según la cantidad de litros consumidos. Etoss pretende que se adopte este último sistema porque se ahorraría un 20% en el consumo.
Aguas Argentinas está elaborando su proyecto de nuevo contrato, pero su director ejecutivo, el francés Jean Bernard Lemire, ya anticipó su rechazo a la sugerencia de Etoss de que entren nuevos actores al negocio. "La inversión del futuro no es una cuestión de número de operadores. Es un problema de confianza y, en tanto no haya un marco jurídico, económico y financiero sustentable, no puede haber un flujo sostenidos de capitales", expresó Lemire, y hasta fuentes de Etoss reconocieron que nadie estará interesado en el negocio hasta que existan contratos y marcos definidos. El director ejecutivo de Aguas Argentinas insistió con que "la tarifa debe cubrir los gastos, la inversión y el capital, y hoy la tarifa no alcanza para nada".
Uno de los tres secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT) y líder del sindicato de aguas, José Luis Lingieri, también se opuso a la división de la concesión, porque consideró que se pondrían en peligro los puestos de trabajo en la actual operadora. Fuentes del Ministerio de Planificación coincidieron con él y con Lemire y aseguraron que Etoss sólo opina, no decide.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de octubre de 2004