La Audiencia Nacional ha dado la razón a Rosa Martín en su recurso contra el Ministerio de Interior, que le había negado una reclamación patrimonial por los daños y perjuicios que le causó ser titular por equivocación de más de un documento de identidad (DNI). El tribunal estima en parte la petición de Martín, pero no le concede la indemnización que ella había solicitado -nueve millones de euros-, sino que la reduce a 6.000 euros.
La Audiencia Nacional considera en su sentencia del pasado lunes que, aunque el Ministerio es culpable de un error, no encuentra relación entre todos los daños y perjuicios que relata Martín y la actuación de Interior. Y, por tanto, reduce la indemnización a "lo establecido en casos similares por esta sala", unos 6.000 euros. Rosa Martín, descontenta con la sentencia, ha notificado esta semana al tribunal que interpondra recurso de casación ante el Supremo, porque considera que los errores le han hecho perder un patrimonio de nueve millones de euros.
Martín es una de las muchas víctimas de errores de transcripción que sufrieron los DNI cuando todavía los archivos se hacían en papel. Los números se copiaban a mano en fichas y eso provocaba ocasionalmente errores. Cuando en 1991 se informatizó el sistema de gestión de los carnés, muchos de esos errores salieron a la luz, pues era fácil comprobar si dos personas tenían el mismo número, cuando en teoría los dígitos de los DNI son personales. Entre ellos, se reveló el caso de Rosa Martín. En 1994, ella acudió a matricular su vehículo y en Tráfico le dijeron que su número de DNI de toda la vida, el 12.384.080, el que aparecía en su carné, correspondía a otra persona, mientras que a ella le tocaba el 12.348.080.
Interior le expidió entonces un certificado a Martín en el que se constataban los errores, para que ella pudiera acudir a organismos públicos, bancos y todo tipo de instituciones para tratar de subsanar los errores y actualizar sus datos. También Interior lo notificó a los organismos públicos, según explicó hace dos años el que era jefe del Servicio de Gestión del Documento Nacional a este diario. "El problema procede de un error de la Administración", admitió. "Pero al no borrar los DNI inactivos se han generado nuevas relaciones".
Rosa Martín asegura que a partir de entonces se complicó su situación. Porque ella afirma que los problemas no se han quedado en sólo dos números, sino que diversos organismos e instituciones le han atribuido otros siete más. Y entre los daños cuenta, por ejemplo, que subastaron su casa en un barrio residencial de Madrid en 2002 porque no pudo oponer otros bienes al embargo 24.000 euros, ya que en el catastro no aparecían éstos con su DNI. El embargo, según ella, procedía de que le reclamaran una deuda con un número de carné que no era suyo.
En pocos meses, según explica, se vio inmersa en un galimatías jurídico y burocrático que la atrapó en medio centenar de procesos judiciales. Uno de ellos era el que se seguía en la Audiencia Nacional y, a pesar de que hay sentencia, no va a darle carpetazo. "No me siento derrotada, sino tratada injustamente", insiste. "Yo no me he negado a pagar jamás, pero quiero pagar mis deudas. No puedo ir a pagar una póliza que aparece con el DNI de otro señor. Y si los jueces consienten, es que hay desamparo".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de octubre de 2004