Varias decenas de pequeños accionistas de Grand Tibidabo permanecieron ayer durante toda la mañana frente a la sala de vistas del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barcelona. En ella se celebraba la junta que decidía la liquidación de la empresa, en quiebra desde 1999. Al mediodía llegó la deseada noticia: el convenio no había sido aprobado, por la oposición del principal acreedor, la Agencia Tributaria. De esta forma, continuarán las diligencias para volver a agrupar en el activo de la empresa los bienes que fueron desgajados de forma fraudulenta. "Queda un camino largo, pero los obstáculos poco a poco se van despejando", afirmó uno de sus representantes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de octubre de 2004