El Gobierno ha impuesto a cada fabricante o importador de medicamentos y otros productos sanitarios un descuento por tramos (del 1,5% al 5%) de su cifra de venta a la sanidad pública con el fin principal de financiar la investigación biomédica. De este modo, el Gobierno mantiene en la práctica el último pacto de la Administración anterior con la industria farmacéutica, que ató lamentablemente la vida de los centros investigadores de vanguardia españoles al mercado farmacéutico: la investigación recibe más dinero del descuento (antes acordado en el pacto, ahora impuesto) cuanto mayor sea el crecimiento del desmedido gasto farmacéutico que ya ahoga al Sistema Nacional de Salud. Con esta fuente de financiación es preciso que en la asistencia médica se despilfarre para que la investigación biomédica progrese, o simplemente exista.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 15 de octubre de 2004