Barcelona parece empeñada en desplazar a las personas que vivimos en ella hacia las poblaciones de su entorno, porque ¿quién puede sobrevivir en una ciudad en la que el precio medio de una vivienda de segunda mano ronda los 300.000 euros; en la que acceder a una guardería, que permita ir a trabajar, supera los 400 euros mensuales, o en la que adquirir productos de primera necesidad tiene un coste superior al que tendría en cualquier otra ciudad española.
Y ahora, además, todos los vecinos -excepto en dos barrios de la ciudad- deberán pagar por aparcar en la calle (o deshacerse del vehículo, porque si el precio de la vivienda es inalcanzable, ¿cómo será el de una plaza de aparcamiento?).
Todo ello a un precio asequible para los vecinos, que ya pagan el correspondiente impuesto de circulación, y a pesar de que el responsable de la Vía Pública del Ayuntamiento de Barcelona asegura que su objetivo es "mimar a los vecinos de cada barrio".
Que no nos mimen tanto los responsables del Ayuntamiento porque, como sigan así, nos cobrarán por respirar y vivir en esta ciudad será un lujo sólo asequible para los que tengan un alto poder adquisitivo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 18 de octubre de 2004