El Tribunal Constitucional vuelve a dar la razón a la Generalitat de Cataluña en el conflicto de competencias con el Gobierno por las ayudas a la formación continua de trabajadores. En una sentencia conocida ayer que data del pasado septiembre, el alto tribunal considera que la resolución del Instituto Nacional de Empleo (Inem) del pasado mes de julio que prorroga para el curso 2002-2003 la convocatoria de ayudas para permisos individuales de formación del curso 2001-2002 vulnera las competencias autonómicas.
"La gestión y tramitación de las ayudas correspondientes debe realizarse por las comunidades autónomas, para lo cual deben transferírseles los fondos correspondientes", según el texto de la sentencia, que conmina al Estado a evitar "la persistencia de situaciones anómalas en las que sigan siendo ejercitadas por el Estado competencias que no le corresponden".
El Constitucional, sin embargo, desestima -como ya ha hecho en casos anteriores- la demanda del Gobierno catalán de suspender la aplicación de la prórroga. "La pretensión de la Generalitat puede estimarse satisfecha mediante la declaración de titularidad de la competencia controvertida", relativa a la ejecución de las ayudas para planes de formación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 19 de octubre de 2004