Dos años y medio después del golpe de Estado que en abril de 2002 depuso por 47 horas al presidente venezolano, Hugo Chávez, un fiscal del Ministerio Público ha resuelto interrogar a todos los asistentes a la asunción de aquel efímero Gobierno provisional. El fiscal Danilo Anderson, que es encargado con frecuencia de los casos con tinte político, asumió la investigación por el delito de usurpación de funciones en el que habrían incurrido el autoproclamado presidente Pedro Carmona Estanga y centenares de personas que suscribieron sus primeros decretos, en los que abolía todos los poderes públicos y derogaba parcialmente la Constitución Nacional.
Anderson, a quien la oposición acusa de ser ficha del chavismo en la fiscalía, decidió citar en primer término a quienes iban a formar parte del Gabinete ejecutivo de Carmona Estanga, líder de la patronal Fedecámaras que asumió el poder mientras Chávez era detenido por militares que se rebelaron contra su mando tras los sucesos del 11 de abril en las inmediaciones del palacio de Gobierno, donde fueron asesinadas 19 personas.
Carmona Estanga no está entre los citados porque logró salir del país en 2002, tras escapar de su residencia, donde se encontraba detenido, y obtener asilo en Colombia. El fiscal ha citado a todas las personas que firmaron el documento constitutivo, entre quienes hay dirigentes políticos, gobernadores, miembros de la Iglesia católica y líderes empresariales y sindicales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 19 de octubre de 2004